Analistas

Zonas francas y gabelas tributarias

Después de una álgida oposición gremial, la reforma tributaria de la Ley 1819 de 2016 terminó incrementando la tasa impositiva de las zonas francas (ZFs) de 15% a 20%.  Es claro que ese “apretón tributario” se quedó corto frente a la necesidad de corregir la forma en que operan los alivios a dicha ZFs en Colombia y frente a ese favorable diferencial que disfrutan respecto de la tasa general de Imporrenta corporativa (bajando del actual 40% hacia el 33% en 2019).  

Además, el gobierno continuó siendo exageradamente benéfico con las ZFs al haberles extendido los beneficios de la Ley 1607 de 2012 sobre no pago de parafiscales, equivalente a 13,5 pps sobre la nómina salarial (3% Sena + 2% Icbf + 8,5% salud). Nótese que este desmonte de parafiscales encierra una paradoja, pues, de un lado, es cierto que ello ayuda a “reducir el Costo Colombia” en materia laboral, pero, de otro lado, ello se ha hecho sin medir las consecuencias de generar más “indexación presupuestal” al obligarse el Estado a incrementar esos gastos (Sena, Icbf y salud) a ritmos insostenibles de 2% real por año.  

Algunos gremios han continuado quejándose porque supuestamente el Imporrenta de las ZFs de 20% es superior al 0% que tienen algunas ZFs de la Alianza del Pacífico.  Sin embargo, este reparo pierde de foco la esencia de las ZFs a nivel internacional, cuál es su operación como “verdaderos centros de maquila de exportación”. En Colombia, la errada  política de “confianza inversionista” Uribe I-II (Ley 1004 de 2005 y Decretos 383 y 4051 de 2007) llevó a extender esos beneficios a toda una serie de empresas que poco y nada tenían que ver con las exportaciones, generándose así un verdadero “lavado de aranceles e impuestos”.

De hecho, los aportes de las ZFs en materia de empleo, inversión y exportaciones no superan 3% del total. Por ejemplo, los datos oficiales indican que las ventas externas de las ZFs solo han promediado US$3.000 millones/año durante la última década, cifras verdaderamente marginales frente a exportaciones totales de US$60.000 millones en el pico de 2012 o incluso frente a los US$31.000 millones de 2016. Peor aún, al descontar las importaciones, la balanza comercial de dichas ZFs no muestran siquiera un superávit significativo (haciéndose evidente su bajo espíritu exportador).   

Anif también ha venido repicando sobre el sacrificio fiscal que viene representando esos tratamientos preferenciales a ZFs no exportadoras. Por ejemplo, el pago de Imporrenta de la ZFs tan solo asciende a 1% del total.  Esto implica que las ZFs habrían pagado tan solo unos $400.000 millones de Imporrenta en 2016 (0,05% del PIB).  De ser así, el sacrificio fiscal atribuible a la ZFs ascendería a unos $660.000 millones/año (0,08% del PIB, equivalente al diferencial de Imporrenta de 15% vs. 40% de la tasa general aplicada en 2016). 

En el frente de los parafiscales, ya mencionamos cómo la extensión del no pago del Sena-Icbf-Salud a las ZF va en la acertada dirección de buscar mayor formalización laboral (Ley 1607 de 2012). Sin embargo, allí se mantuvo el error de no usar el mecanismo de tributación general para reemplazar su fondeo, manteniéndose las “rentas de destinación específica”.  Dicho efecto de “caja atrapada” tomó la forma de 9pps del nuevo Imporrenta-Empresarial (fondeando además educación, entre otros, anteriormente con cargo a la sobretasa-CREE). 

Dicho de otra manera, al continuar excluyendo dichos rubros del manejo presupuestal, se sigue renunciando a buscar mayor eficiencia en esas entidades y, peor aún, se mantuvieron los potenciales riesgos de descalces tributarios. Esto último, dada la indexación de dichas transferencias a ritmos de 2% real vs. riesgos de desaceleraciones en las utilidades empresariales (asociados al menor potencial de crecimiento de la economía colombiana). En el frente particular de las ZFs, está por verse si el 5% de tributación adicional suplirá sus menores pagos por parafiscales.