Analistas

¿Qué pasó con el tratamiento de choque-operativo?

Habíamos reportado que, al cierre de la segunda legislatura de 2011, la atropellada reforma a la justicia amenazaba su cuasi-hundimiento. Allí campeaba una pugna abierta entre el Congreso y la Corte Suprema (CS), de una parte, y entre el Ejecutivo y el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), de otra parte. A su vez, la Corte Constitucional (CC) se mostraba perpleja en momentos en que le ha quedado difícil liderar (lo que debería) la instauración de una "última instancia" y la improcedencia de tutelas contra fallos judiciales.

Decíamos entonces que tampoco se veían avances en la parte más sustantiva de dicha reforma: los mecanismos institucionales y de gerencia para enfrentar el grave atraso en la aplicación de la justicia. Pues bien, restando tan solo dos rondas de votaciones en el Congreso (de las 8 requeridas para completar las reformas constitucionales de la rama) vemos con algo de espanto que las tímidas y mal enfocadas reformas al CSJ no permitirán que Colombia avance en materia de gestión judicial. 

Para el juzgamiento de congresistas, se han inventado mecanismos de "segundas instancias", que en realidad se convierten en cinco instancias con la creación de un organismo investigativo ad-hoc.   Todo esto es improcedente según la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tratarse ya de un cuerpo colegiado del mayor rango en cabeza de la Corte Suprema.  A cambio de ello, se ha establecido un híbrido de Sala de Gobierno (con presencia de ministros con voz y sin voto) en el CSJ. Además, se ha creado una Sala Ejecutiva-Operativa donde su cuerpo directivo estaría rotando cada año, pues está constituido por los presidentes de las Altas Cortes de Colombia.

Como ya lo han señalado diversos analistas, incluyendo el ex ministro Jorge H. Botero y la Corporación Excelencia en la Justicia, ese cuerpo de gobernancia del nuevo CSJ dista de tener las características requeridas para llegar a ejercer "buen gobierno", como el que sí practica, por ejemplo, el Banco de la República o la Creg en el frente energético.

Si bien es cierto que la rama requiere de recursos adicionales en frentes muy particulares, el arreglo institucional que ahora se propone para el CSJ hace temer por el uso que finalmente se le darán a dichos recursos. Afortunadamente se ha evitado que se elevara a principio constitucional la asignación de 2,5% del presupuesto (excluyendo los recursos de la Fiscalía) a la rama, lo cual implicaba casi duplicar las asignaciones a un sector que ha dado muestras de no tener gerencia eficiente. 

Pero se continúa en la línea de asignar partidas extraordinarias e indexaciones a ritmos superiores a la inflación. Esto debería evitarse hasta tanto no se asegure que el cuerpo organizativo que saldrá de estos cambios en el CSJ superará los graves problemas organizativos y de abierta corrupción que ha venido denunciando el Gobierno y hasta los propios organismos de control en materia de nombramientos y el llamado "carrusel pensional".

Anif insiste en sus recomendaciones sobre el camino hacia ganancias en eficacia por parte de la rama judicial:
1. Descongestión. Se requieren tratamientos de choque como los implementados en la Florida y California (EE.UU,), ver http://anif.co/node/5921, donde abogados y notarios deben ayudar en las funciones de descongestión.
2. Tema presupuestal. La adición de recursos extraordinarios de $1 billón/año durante los próximos 5 años para impulsar políticas de descongestión judicial solo tienen sentido si se asegura la modernización del sistema informativo del CSJ y se asignan tareas claras de descongestión.
En síntesis, la reforma a la justicia se ha ido desgranando y desganando. Se le han añadido tópicos que han desdibujado su cometido inicial de ganar en eficiencia, tales como el tema del poder nominativo de las Cortes, doble instancia para congresistas, juzgamiento de aforados, silla vacía y tribunales militares, el cual finalmente se evacuó hacia otras instancias. 

Si el balance histórico de dicha reforma se inclinara hacia la impunidad parlamentaria, por tan pocos progresos en el frente operativo de la justicia, sería preferible que ésta no avanzara bajo su forma actual en los dos debates que le restan en el Congreso. Mejor la no-reforma, que una que "huela" a impunidad parlamentaria y, además, a connivencia con la ineficacia judicial.