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Después de diversos clamores por impulsar la formalización en Colombia, se han venido dando cambios regulatorios que nos harían pensar que vamos por buen camino. Infortunadamente, las ganancias en formalización todavía son algo marginales y la mala noticia es que ellas se están apoyando cada vez más en subsidios presupuestales, lo cual nos lleva a la conclusión de que ese tipo de formalización laboral, por la puerta de atrás, no resultará sostenible fiscalmente hablando.
Algo similar ha venido ocurriendo en México y Brasil. Por ejemplo, en México el destacado economista Santiago Levy (2008), concluyó que ese camino de subsidios permanentes generaba verdaderas “trampas de pobreza” e informalidad. En este sentido ha resultado infortunado que la Administración de Peña-Nieto hubiera desistido de su idea inicial de reducir las cargas no salariares (actualmente representando sobrecostos de 30% sobre la nómina).
A pesar de estar convencidos de los sacrificios económicos que produce esa elevada informalidad laboral, Peña-Nieto no encontró el apoyo político a nivel del Congreso para generar impuestos sustitutivos que le permitieran fondear la seguridad social en pensiones y en salud por la vía presupuestal. Esta estrategia de abandonar los esquemas de flexibilización laboral y de mejorar la competitividad salarial le saldrá costosa a México, en momentos en que estaba manteniendo una aceptable dinámica de penetración comercial sobre Asia. En todo caso, cabe abonarle a Peña-Nieto sus logros en materia de apertura del sector minero-energético y de telecomunicaciones a través de importantes reformas constitucionales durante 2013-2014. Ello, sin embargo, le ha implicado un desplome en su tasa de aprobación a niveles de solo 40%.
En el caso de Brasil, la situación luce incluso más precaria, pues son evidentes las presiones salariales sobre la inflación, amenazando niveles en la franja 6,5%-7% anual, lo cual ha requerido que su Banco Central lleve su tasa repo a niveles del 11%. Esto ocurre en momentos en que las perspectivas de crecimiento bordean solo 1% en 2014, después de solo haber crecido 2,5% en 2013. Recordemos que la calificación de Brasil había sido reducida por parte de la calificadora S&P al mínimo nivel de grado de inversión, por cuenta del mayor gasto público que se ha derivado de un esquema en extremo generoso en materia de subsidios sociales y de asignaciones cuasi-fiscales (a través del Bndes+Caixa) que arriesgan su estabilidad fiscal. Para colmo de males, Brasil había optado por “experimentar” con generosas alzas del SML, hasta de 14% en 2012, tras atarlo a una loca fórmula que computa el crecimiento del PIB-real de hace 2 años y la inflación del año anterior.
En lo referente a Colombia, son múltiples los ejemplos recientes de intentar esquemas de formalización laboral que cada vez se recargan más sobre subsidios o que generan “ataduras” del presupuesto o capturas de rentas. Veamos algunos ejemplos.
Beneficios Económicos Periódicos (BEPs). Utilizando las reformas pensionales de 2005-2007, se han habilitado esquemas de subsidios hasta de 20% para personas pobres que cumplen con la edad pensional (57/62 mujeres/hombres). Sorpresivamente, esos esquemas BEPs han sido secundados por el sector privado (incluyendo Asofondos) y recientemente hasta por Fedesarrollo, quien hizo un llamado a incrementar dichos subsidios a 40%, cuando lo correcto sería llamar al gobierno a focalizarse en los problemas estructurales que implica mantener abierto Colpensiones y las necesarias reformas paramétricas que surgen de expectativas de vida crecientes.
Cotizaciones por semanas. También se ha recurrido a profundizar los esquemas de subsidios en salud a través del Sisben. Por ejemplo, el Decreto 2616 de 2013 habilitó sistemas de contribución por semanas, los cuales solo lucen manejables para quienes contraten trabajadores que vengan con su Sisben debajo del brazo, pues de lo contrario se tendrán sobrecostos no salariales que superan 100% en la franja 1-7 días de trabajo.
Cálculos recientes de Anif revelan que el total del gasto público “con tinte social” se ha ido incrementando en Colombia de 7,1% del PIB en 2002 a cerca de 9% del PIB en años recientes, donde muchos de ellos son altamente regresivos, como los relacionados con las pensiones. Si durante Santos-II continuamos por esta vía de recargarnos en los subsidios presupuestales, y los agravamos a través de ampliar los esquemas de subsidios a las tasas de interés y de viviendas gratis, expandiéndolas de las 100.000 a las 300.000 (como se prometió en campaña), muy seguramente Colombia estará replicando los dolores de cabeza fiscales que hoy enfrenta Brasil y que le han implicado empezar a arriesgar su calificación de grado de inversión.
