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Analistas 22/06/2015

Carga tributaria e Índice de Competitividad de Colombia

Sergio Clavijo
Prof. de la Universidad de los Andes
La República Más
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Las firmas en Colombia han venido padeciendo todo un rosario de problemas de competitividad, constituyendo lo que hemos denominado el “Costo Colombia”. Por ello, Anif se ha puesto en la tarea de construir un Índice de Competitividad (IC), a manera de complementar los  diagnósticos recientes del Consejo Privado de Competitividad y del World Economic Forum.

En dicho IC hemos incluido frentes clave en materia de productividad-competitividad empresarial, destacándose: i) aspectos cambiarios, ii) sobrecostos en insumos, iii) capital humano-educación, iv) carga tributaria empresarial y v) aspectos institucionales sobre “facilidad de hacer negocios”.

Colombia ha estado “rajada” en materia de competitividad durante los últimos 15 años, pues el IC nunca sobrepasa puntajes de 3 (sobre 5). Allí han resultado particularmente gravosos los lastres en materia de: i) educación, donde los incrementos recientes en cobertura no han estado acompañados por mejoras en la calidad; ii) facilidad de hacer negocios, reflejando la parálisis institucional de la justicia; iii) los elevados costos de transporte, dado el rezago histórico en infraestructura; y iv) las elevadas cargas tributarias a las firmas.  Nuestro análisis en este último frente tributario destaca los lastres competitivos que representan dichas tarifas efectivas de 50% vs. 25%-35% observado en nuestros competidores directos de América Latina, particularmente los de la llamada Alianza del Pacífico. 

En efecto, la tarifa efectiva para las empresas ha mostrado valores elevados superiores a 35% durante la última década, producto de la perversa idea de gravar el capital productivo de las firmas mediante las diferentes variantes del Impuesto-Patrimonial (IP). En el año 2000, dicha tarifa efectiva rondaba niveles de 41% de las utilidades (= 35% Imporrenta + 6% de IP mediante los llamados Bonos de Paz de la Ley 487 de 1998, suponiendo un RoE de 10%). Durante el período de la “confianza inversionista” de Uribe I-II (2002-2010) se lograron algunas reducciones en dichas tasas efectivas hacia niveles de 37% (33% Imporrenta + 12% IP - 8% deducciones), a pesar del aumento en el IP a tasas de 1,2% según la Ley 1111 de 2006. Ello obedeció a la gabela tributaria del descuento por reinversión en activos fijos en el Imporrenta (hasta un 40%) según la Ley 863 de 2003.

Bajo la Administración Santos I, dicha tasa se ha elevado nuevamente hacia niveles de 50%, actualmente, producto de lo mandado en las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. Si bien se redujo el Imporrenta-empresarial a tasas de 25% (vs. 33% anterior), se estableció la nueva Contribución Empresarial para la Equidad (CREE, a tasas de 9%), esta última con mayores bases tributarias dadas las menores deducciones potenciales, generándose un sobre-multiplicador cercano a 20%. Posteriormente se introdujo el nuevo Impuesto a la Riqueza, sustituyendo el IP y reiterando, por esta vía, la no aplicación de los llamados “contratos de estabilidad tributaria”, que son tan nefastos para el país. En este caso, las tasas arrancan en el rango 0,2%-1,15% en 2015, pero posteriormente se irán marchitando hacia el 0,05%-0,4% en 2017, al tiempo que se establecieron sobretasas-CREE hasta de 9% en 2018. Infortunadamente, este esquema ha dejado a las firmas con una elevada tasa impositiva de 47% aun en 2018, cuando se desmontará totalmente el Impo-riqueza (= 25% Imporrenta + 21,6% equivalente-CREE).

Para efectos de nuestro índice, todo esto se traduce en: i) desempeño “malo” (1) en el año 2000, pues  la tasa de tributación efectiva rebasó 35%; ii) “regular” (2) en el año 2005, dado que dicha tarifa se ubicó entre 30% y 35%, dado el uso de las gabelas tributarias de la “confianza inversionista”; y iii) un retorno hacia la calificación de “malo” (1) durante 2010-2015 por cuenta de las desatinadas reformas tributarias del período, en sus componentes Imporrenta-Imporiqueza. Así, las firmas colombianas han venido padeciendo un rosario de problemas de competitividad, donde la reciente corrección cambiaria tan solo ha logrado corregir uno de múltiples lastres. 
 

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