Tributaria Preelectoral

En el último año de gobierno, a 12 meses de elecciones legislativas y a 14 meses de las presidenciales, se podría decir que no es el mejor momento para presentar una reforma tributaria. Pero todo parece indicar que los mercados, especialmente las calificadoras de riesgo, no dan espera. Observan que un déficit fiscal que alcanzo 7,8% del PIB el año pasado, y que se proyecta en 8,6% este año, es insostenible, así Colombia no haya encontrado ningún obstáculo para acceder a fuentes de financiación externa. Nos vemos abocados entonces, de no hacer nada, a perder el grado de inversión, y este costo parece ser muy alto.

Ahora bien, si tenemos que transitar este camino, ¿cuáles serían las mejores opciones? La recomendación de expertos más aceptada es que debemos aumentar la base de contribuyentes a partir de ingresos menores a los actuales, y aumentar la base del IVA, con devolución (ya probada con relativo éxito) a los sectores vulnerables. El problema es que, por el ciclo electoral, el margen para que el Congreso acoja estas recomendaciones es muy estrecho. A pesar de la solidez técnica de los argumentos, el parlamentario promedio, con los ojos puestos en sus campañas, como dice Shakira en su canción “ya no entiende de consejos ni razones…se alimenta de pretextos y le faltan pantalones”.

Pensemos más bien a donde no deberíamos mirar…y lo primero que salta a la vista es el impuesto de renta corporativa y a personas naturales. Comparados con México, Panamá, Perú y Chile, hoy tenemos las tasas más altas. Preocupa especialmente el contraste con Panamá, con una tasa máxima de renta general de 25%, lo cual ha atraído a muchas empresas colombianas, así como a un gran número de connacionales que han fijado en el Istmo su residencia fiscal.

Nuestra tasa máxima de renta corporativa es de 31% (34% si es empresa financiera) y del 37% para personas naturales. Para completar Panamá no tiene impuesto al patrimonio. Si le apostamos a mantener nuestra competitividad regional, por acá no fue.

¿Que nos queda? Muchos dirán que lo obvio sería borrar costosas exenciones y tendrían parcialmente la razón, porque en verdad hay muchas, pero no son tan fáciles de eliminar. Expliqué ya la dificultad en la extensión del IVA y rentas salariales. Pero hay otras exenciones que resaltan por su monto y por ser del sector financiero parecerían presa fácil políticamente, pero cuando se examinan son nada menos que la intermediación (¿se imaginan ponerle IVA a los préstamos?), o rentas asociadas a favorecer la financiación de vivienda de interés social y/o prioritario. Aun así, existen opciones viables. La primera es derogar el descuento del pago de ICA sobre el impuesto de renta que se aprobó en la pasada reforma y que ningún experto lo estaba pidiendo. La segunda es llevar el actual impuesto al patrimonio del 1%, a personas con patrimonios líquidos superiores a $3.000 millones. Actualmente la vara es $5.000 millones.

Hasta aquí podríamos estar cercanos a la tercera parte de la meta de $15 billones de recaudo adicional, expuesta por el ministro Carrasquilla. Sería tarea de lograr ajustes en otras cinco áreas que sumen otro tanto, y se llegaría a un resultado de $10 billones netos, más en línea con expectativas realistas. De lograrse, que sería una proeza, se calmaría a los mercados y a las calificadoras de riesgo. También le brindaría, al gobierno y al país, el oxígeno fiscal justo, que permita responder las apremiantes necesidades de cobertura social post-pandemia, y los retos de la reactivación económica y la recuperación del empleo.