Analistas

Colombia, ¿futuro o no futuro?

Poco a poco estamos construyendo en nuestra nación una estructura económica, jurídica y política,  que  está contribuyendo a hacer de Colombia el  segundo país de mayor pobreza extrema en América Latina.

Las inoportunas y mal diseñadas reformas tributarias (2014 y 2016)  las cuales afectaron de manera significativa la inversión extranjera y frenaron la inversión en los sectores manufacturero y de servicios, y también en el sector minero- energético,  motores del desarrollo económico en los últimos 14 años, fueron las primeras señales de reacción a la falta de claridad en las políticas y medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

A este escenario macroeconómico debemos sumarle las decisiones de las  altas Cortes, las cuales han generado incertidumbre e inseguridad económica y por supuesto jurídica.

El acuerdo de paz, el cual no fue avalado por el pueblo en el referendo del 2 de octubre del 2016, referendo convocado por el Gobierno y desconocido su resultado por el mismo Gobierno, luego por el Congreso y después por la Corte Constitucional, contribuyen a elevar el estado de inestabilidad en los órdenes anteriormente descritos.

Por otra parte, la  Justicia Especial  para La Paz (JEP) cuestionada desde sus primeras definiciones por la Corte Suprema, el Fiscal  y el Procurador General de la Nación, por el  papel  y alcance que cada una de estas instituciones deben tener en su aplicación, elevan los niveles de incertidumbre. 

Desde principios del siglo pasado hemos participado en la discusión demagógica alrededor de las reformas agrarias, y de estas discusiones y de las distintas reformas no se ha construido nada que contribuya a la eliminación de la pobreza extrema. Inclusive, los 101 ministros de Agricultura, incluido yo, hemos participado de lo que con desenfado ha sido una precaria política hacia la principal expectativa como fuente de generación de riqueza para el país y los que ocupan el territorio rural.

Y ahora llega un nuevo freno al desarrollo rural, a la posibilidad de emprendimiento y generación de riqueza para campesinos e inversionistas  y este freno esbozado  en el acuerdo 1 (desarrollo rural) y el acuerdo 4 (cultivos ilícitos) se expresa como una nueva talanquera al desarrollo económico y social de la ruralidad en Colombia.

Las hidroeléctricas, el desarrollo petrolero y minero, el establecimiento de grandes cultivos y el desarrollo de infraestructura y bienes públicos para el fortalecimiento del campo y de la economía de los campesinos, van a estar sometidos a una estructura política, por fuera de la vigilancia de la Procuraduría y la Contraloría  General de la Nación, definiendo  inversiones, expresiones políticas y de manifestación social, que también contribuirán a este desorden jurídico económico, que alimentará el establecimiento de un orden socialista al amparo de una desinstitucionalización de las estructuras del Estado, fundamentales para garantizar una verdadera reivindicación social, inversiones, desarrollo y progreso para todos los colombianos y quienes trayendo inversiones al país confían en su ganancia y seguro retorno.

Somos un país económicamente por construir y consolidar. 

Somos una gran oportunidad para el capital nacional y también para el capital extranjero.

Necesitamos derrotar la pobreza extrema. 

Necesitamos acabar los cultivos ilícitos.

Necesitamos sembrar más de 25 millones de hectáreas  que están desaprovechadas y que generarán riqueza y terminarán la pobreza extrema.

Necesitamos más hidroeléctricas.

Necesitamos aprovechar la riqueza minera y petrolera, por supuesto cumpliendo con todos los requerimientos medioambientales y protegiendo las fuentes de agua.

Necesitamos los recursos minero-energéticos para apoyar una inteligente política agroindustrial y manufacturera, la cual le permita al país desarrollo y equilibrio no dependiendo exclusivamente de procesos extractivos.

Necesitamos manejar el agua para las comunidades y para desarrollar una agroindustria eficiente.

Esto no nos lo permite, ni estimula la ejecución de los acuerdos de paz expresados en las reformas legales y constitucional aprobados por un sistema irregular en el Congreso de la República.

La paz la queremos todos. La apoyamos todos, pero su desarrollo y mecanismos deben ser ajustados.

Nadie habla de reivindicación ni de respeto, en relación con una decisión del pueblo la cual fue totalmente desconocida. Queremos oportunidades para todos, equidad, equilibrio, Constitución estable y duradera, como lo fue la de 1886. Queremos aprovechar la riqueza que tenemos y queremos  trabajar por un desarrollo equilibrado y justo. Queremos un estado eficiente y moderno, queremos el futuro que nos merecemos.

N.B. Los colombianos seguimos esperando la liberación de los niños secuestrados por las Farc, y el listado de los integrantes de esa organización guerrillera con su respectiva identificación.

Las armas no las pueden entregar unos ciudadanos fantasmas.