La paz: dividendos económicos y costos fiscales

El aspecto relacionado con la economía colombiana del país de mayores implicaciones futuras es el relacionado con los dividendos en términos de crecimiento de la economía que traerá consigo la firma y consolidación del proceso de paz que se negocia en La Habana. Este fue el tópico central del Foro liderado por el Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del diario La República. El interesante estudio preparado por el DNP y expuesto por su director, Simón Gaviria, identificó, con base en diversas muestras de lo ocurrido internacionalmente en los países en conflicto, que cuando se consolida la paz y como resultado de esta los países tienden a registrar una aceleración anual en su tasa de crecimiento entre un 1.1%-1.9%. Este resultado es consistente con estudios previos, entre otras adelantados por el Banco Mundial. 

Para el DNP, el beneficio económico más importante de un proceso de paz es la confianza, y con base en esta, el impacto positivo que esta trae en la inversión privada. Una mayor inversión conduce a tasas de crecimiento económico más elevadas; por consiguiente, a una mayor demanda de empleo, a un mayor nivel de consumo de los hogares, y un mayor bienestar social sobre todo en las zonas rurales. De darse un impacto de dicha magnitud, las tasas de crecimiento del país en condiciones una mejora ligera en los precios del petróleo y de la puesta en marcha de las inversiones viales de cuarta generación podría alcanzar hasta un 6% anual.

No obstante, durante la discusión en el foro se destacó que los beneficios futuros del mayor crecimiento pueden ser inferiores a los proyectados; entre otras, porque, según lo argumentan algunos, estos ya se han venido recibiendo desde la administración Uribe con la política de seguridad democrática y con el compromiso de la paz de la administración Santos. En todo caso, se continuarán dando poco a poco en años futuros, en tanto que las inversiones requeridas para atender el posconflicto son mucho más inmediatos e implican un flujo de adicional de gastos públicos en los primeros años que exigen replantear la política fiscal. Se estima que tan solo los gastos de la política de desarrollo rural integral prevista por la Misión Rural alcance cerca de un 1% del PIB y reasignado presupuesto sectorial de 0,6% anual. Esto sin incluir los costos de sustitución de los cultivos ilegales, otro punto de la agenda de La Habana y el hecho que todavía no se han cuantificado las implicaciones presupuestales de los otros puntos de esta. 

Este desfase entre los gastos y los ingresos fiscales en el período del posconflicto se reconoce en el estudio del DNP. Hubo así cierto consenso en el foro en el sentido que se requieren ajustes en la política tributaria dirigidos a elevar los ingresos fiscales para atender los gastos del posconflicto, como también cambios en la política presupuestal (expenditure switch) en favor del gasto social. Estas consideraciones sobre las implicaciones fiscales del proceso de paz, se espera, hayan sido tomadas en cuenta por la Comisión de Expertos que prepara la propuesta de Reforma Tributaria estructural que será presentada al gobierno en estos días.