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La economía política de la reforma tributaria

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El gran ganador con la aprobación de  la reforma tributaria fue el país. Se logró algo sin antecedentes y fue conseguir la aprobación por parte del Congreso de una reforma estructural, a mediados de una administración. Tradicionalmente, las reformas se proponen y aprueban a inicios de los gobiernos o en casos de emergencia cuando hay una necesidad imperiosa de conseguir recursos. Ninguna de esas circunstancias se presentaba a finales de año. El carácter estructural de la reforma se sintetiza en tres cambios fundamentales: el establecimiento del impuesto mínimo alternativo – IMAN, para las personas naturales, mediante el cual se garantiza una tributación progresiva mínima para las personas de ingresos mensuales superiores a los $3,4 millones; la reducción de los impuestos a la nómina pagados por las empresas dirigidos al Sistema de Seguridad Social en Salud, SENA e ICBF con lo cual se busca reducir los costos laborales y promover la generación de empleo formal y la reducción de las tarifas del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a tan solo tres niveles 0%, 5% y 16%.

 
La reforma tributaria fue un triunfo contundente del gobierno. Al presidente Santos debe resaltarse su decisión de someter al Congreso una reforma estructural. De hecho, un cambio de semejante envergadura no se aprobaba desde los inicios de la administración López Michelsen con la ventaja, en ese entonces, de haberse pasado mediante una emergencia económica sin tener que discutirse en el Congreso. Las administraciones siguientes adoptaron reformas para elevar los recaudos fiscales pero muy pocas tuvieron carácter estructural, con excepción, quizás, de la introducción del IVA en la administración Betancur.  Al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, debe reconocerse su decisión inmediata, una vez fue designado en el cargo, de someter y defender exitosamente la reforma en el Congreso. Mostró no solo gran liderazgo intelectual sino también político. Al director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, se le destaca como gran arquitecto de ésta y su empeño de modificar la estructura tributaria colombiana. Mostró no sólo conocimientos, sino tenacidad y capacidad de rebatir a los críticos más agudos.
 
Pero también el Congreso de la República, representado por los partidos de la  Unidad Nacional, y el propio sector privado por sus gremios tienen motivos para argumentar que la reforma tributaria fue un éxito propio. El primero demostró capacidad de legislar en temas complejos como el tributario. Mostró disciplina en los debates y logró modificar de manera positiva la propuesta original del gobierno en aspectos importantes. Por ejemplo, garantizó un financiamiento adecuado del SENA y el ICBF con los recursos de un impuesto suplementario a las utilidades de las empresas, denominado CREE, así como el compromiso del gobierno de adelantar aportes presupuestales complementarios que le permitan, al menos, un aumento real anual de 2% para estas entidades. También promovió la adopción transitoria de un punto adicional del CREE para la educación superior  y los sectores salud y agrícola, ayudó a calibrar la tasa de tributación efectiva del IMAN para no afectar la clase media, favoreció el  sector agropecuario con las tarifas del IVA, consolidó apoyos a las madres comunitarias y  aprobó un tratamiento preferencial para el Archipiélago de San Andrés. Por el lado de los gremios se consiguió la rebaja de los parafiscales, un tratamiento favorable para el agro, la protección al ahorro de largo plazo en las cuentas AFC y pensiones voluntarias y la reducción de las tarifas del IVA para los planes voluntarios de salud, entre otros logros. ¿Quiénes perdieron? Aquellos a quienes les favorecía el viejo sistema, quienes se opusieron a la reforma y los que nunca pudimos adelantar una reforma estructural cuando ostentamos el poder. 
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