Colombia en el fast track

El Instituto de Ciencia Política y la Corporación Excelencia a la Justicia convocaron a un seminario titulado ‘Colombia en el Fast Track: Primer Balance’, en el cual se analizaron, ante todo, temas jurídicos relacionados con el avance de la expedición de los proyectos de ley y decretos derivados del Acuerdo Final de Paz, particularmente aquellos que se vienen aprobando por la vía rápida conocida como el Fast Track. El Seminario también tocó aspectos económicos relacionados con el desarrollo rural y el futuro del campo. Respecto a la agricultura, se reconoció que se viene avanzado en la expedición de los decretos relacionados con las tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y la sustitución de cultivos ilícitos, pero se resaltó que en el tema de tierras y de catastro todavía se deben aprobar leyes adicionales.

Entre los aspectos en los cuales introducir correctivos en los decretos y leyes venideros, de acuerdo a los expertos reunidos en el Seminario, un gran objetivo es lograr una mayor seguridad jurídica para los propietarios legítimos de la tierra sobre lo cual es indispensable legislar. También se destacó por parte de varios de los panelistas que en la estrategia de tierras era muy importante asegurar que esta facilite el acceso a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, pero que también la legislación debería ser favorable al desarrollo de la agricultura comercial. Igualmente, se argumentó que las leyes y decretos expedidos hasta ahora se concentran casi enteramente en los temas relacionados con la agricultura, en tanto que no se viene prestando atención suficiente a la problemática de la minería, sobre todo de pequeña escala, que es igualmente importante para el desarrollo rural.

En el Acuerdo Final de Paz se da preponderancia al rol de las comunidades para el desarrollo del mismo. Si bien hay un reconocimiento del papel que deben tener las comunidades en todos los aspectos del desarrollo rural, hubo acuerdo entre los analistas que la legislación debe precisar de manera más detallada cuales son esas comunidades y que estas deben estar constituidas por los diversos actores que intervienen en los territorios rurales como las juntas de acción comunal, las asociaciones de productores y las asambleas veredales y no solo aquellas comunidades cercanas a las Farc.

Sobre los programas de desarrollo con enfoque territorial y los planes nacionales de desarrollo de la agricultura se debe recalcar la importancia que se le dio, por parte de los conferencistas, al fortalecimiento institucional de las regiones y a la coordinación de estas con las instituciones del Gobierno Nacional. En el tema de los cultivos ilícitos se mostró preocupación por su crecimiento desbordado registrado en los últimos años y las dificultades de la puesta en marcha de los programas de sustitución. Se anotó que lo más importante de los apoyos estatales a los sectores rurales es la provisión de bienes públicos antes que los apoyos directos y los subsidios. Un último punto que se resaltó en el Seminario es la poca atención que se ha dado en dicha legislación a las restricciones presupuestales para financiar el posconflicto. En fin, cabe concluir qué si bien se ha avanzado en la legislación del Fast Track, todavía hay muchos aspectos jurídicos por mejorar y elementos de política económica por incorporar a los decretos y leyes sobre el desarrollo rural.