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La consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional contiene 12 preguntas que recogen el núcleo de la reforma laboral que fue archivada por el Congreso. Apuntan a fortalecer derechos laborales: desde limitar la jornada laboral y aumentar el recargo dominical, hasta formalizar trabajadores informales, dar seguridad social a quienes laboran en plataformas digitales y convertir el contrato de aprendizaje en uno laboral. También se proponen incentivos para las microempresas productivas, un régimen especial para trabajadores rurales, licencias menstruales, y un bono pensional para campesinos.
Quienes respaldan la consulta, en general, son los sectores que se verían directamente beneficiados: jóvenes, estudiantes del Sena, trabajadores formales y sindicatos. Muchos de los críticos, expertos en política laboral, economistas y académicos, advierten que la implementación de estas medidas, aunque bien intencionadas, tienen efectos contraproducentes. Señalan que los costos laborales podrían aumentar, que las pequeñas empresas podrían no soportar la carga, y que podría crecer la informalidad, disminuir el empleo formal y aumentar el desempleo.
Algunos ejemplos ayudan a ilustrar las preocupaciones. La pregunta 6, que propone convertir el contrato de aprendizaje en uno laboral, ha sido cuestionada por gremios como la Andi, que advierten que esta medida podría desincentivar la contratación de aprendices. En lugar de facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral, podría reducir sus oportunidades de formación, al aumentar los costos y responsabilidades para las empresas que hoy ofrecen cupos de aprendizaje.
La pregunta 3, que plantea otorgar incentivos a las Mipyme, ha sido criticada por Acopi, por su vaguedad: no se especifican los mecanismos de apoyo ni las fuentes de financiación. Además, Acopi advierte que muchas de las otras medidas contenidas en la consulta podrían traducirse en mayores cargas operativas y económicas para estas empresas.
La forma en que están redactadas las preguntas de la consulta revela que, más que una reforma laboral técnicamente sustentada, se trata de una estrategia política orientada a movilizar emociones y obtener respaldo ciudadano. Todas las preguntas están formuladas en tono afirmativo, apelando a valores como la justicia, la inclusión y la dignidad, sin mencionar los costos, las consecuencias o las tensiones reales que implica su implementación.
Al personalizar a los beneficiarios -jóvenes, madres comunitarias, campesinos, personas con discapacidad- y evitar cualquier referencia a los efectos económicos o institucionales, las preguntas invitan a responder “sí” sin matices. No se promueve una deliberación informada sobre el mercado laboral, sino una respuesta emocional ante causas nobles, lo que desdibuja el objetivo de una verdadera política pública integral.
No se trata de ignorar los derechos de los trabajadores -que deben garantizarse y fortalecerse-, pero esto no puede hacerse a costa de los otros actores del mundo del trabajo: las empresas que generan empleo, los trabajadores informales que aún no están protegidos y las personas desempleadas que buscan oportunidades. Una reforma laboral seria debe tener en cuenta a todos, no solo a algunos.
