Reordenar el gasto, reformar el Estado

La política fiscal del país está en crisis. El gasto público crece, el déficit se amplía y la deuda aumenta. La regla fiscal, que debía servir de ancla, se incumple. Las cifras son alarmantes. El déficit puede llegar a 8% del PIB este año, el déficit más alto del siglo, la deuda total se ubica por encima de 60% y el servicio de la deuda consume una porción creciente del presupuesto, desplazando inversión social e infraestructura. A la par, el gasto ha crecido sobre todo en funcionamiento. El empleo público se expandió sin criterios de meritocracia ni concursos transparentes, y con clientelismo e ideología. El resultado es un Estado más caro pero no más efectivo para resolver los grandes retos de las políticas públicas.

Cuando un país incumple su regla fiscal y posterga los ajustes, los mercados elevan las primas de riesgo, las calificadoras castigan la nota y el financiamiento se encarece. Perdemos, poco a poco, el premio de confianza que por décadas nos permitió enfrentar choques externos sin crisis. Esta situación erosiona un activo valioso -y poco apreciado porque rara vez lo hemos perdido: la estabilidad macroeconómica. No padecemos crisis frecuentes (salvo la de 1999) y por eso olvidamos que la estabilidad no es gratis; se sostiene con disciplina macroeconómica e instituciones sólidas que rinden cuentas.

El próximo Gobierno heredará un presupuesto restringidos y más necesidades de gasto. Aunque en el corto plazo serán necesarios recortes en áreas no prioritarias, el ajuste por sí solo no basta: en el mediano plazo es necesario reorganizar las finanzas públicas para que cada peso cuente y se traduzca en resultados verificables. Eso exige reformar el proceso presupuestal. Hoy funcionamiento e inversión están separados -Ministerio de Hacienda por un lado, DNP por el otro, y un Presupuesto por rubros y entidades, más que por programas. Integrar funcionamiento e inversión, planear por resultados y evaluar con evidencia permitiría que cada gasto tenga propósito, metas y rendición de cuentas. Ello implica cambios institucionales: ajustar estructuras y redefinir funciones.

A lo anterior se suma la reforma al Sistema General de Participaciones, que transfiere más recursos a los territorios, pero depende de una ley de competencias. Transferir plata sin transferir competencias, estándares y capacidades solo desplaza el problema y lo puede agrandar. Hay que decir con claridad qué funciones pasan a municipios y departamentos, cómo se financian de manera estable y, correlativamente, cómo se reduce el tamaño del gasto central y su andamiaje institucional. Descentralizar debe significar reasignar funciones y adelgazar el nivel central, no duplicarlo, como pasó en varios casos a finales del siglo pasado.

Colombia enfrenta, en suma, una encrucijada fiscal. Si no se corrige el rumbo, la estabilidad que ha sido su sello durante décadas puede desaparecer. Pero el reto no será solo ajustar el gasto. También debe reordenarse para que tenga los resultados e impactos necesarios, y así reconstruir la confianza y la coherencia institucional que sostienen la economía y ayudan al desarrollo. Recuperar la disciplina fiscal no es un capricho tecnocrático: es una condición para proteger el futuro económico y social de todos los colombianos.