Rumbo económico en juego

El trámite del Presupuesto General de la Nación 2026 en el Congreso no puede entenderse como un mero debate técnico. Es una decisión estructural que afecta el rumbo económico del país, con efectos directos sobre la sostenibilidad fiscal, la inversión social y la confianza nacional e internacional. Y lo que está en juego no es solo un número, sino la capacidad del Estado de cumplir con sus obligaciones sin comprometer el futuro de los colombianos.

La propuesta presupuestal del Gobierno llega al Legislativo con una evidente falencia de origen: uno de cada 20 pesos del presupuesto -más de $26 billones- depende de una reforma tributaria que aún no ha sido radicada ni conocida públicamente. En otras palabras, se incorporan ingresos que no tienen certeza jurídica ni respaldo legislativo, lo que mina la credibilidad fiscal de la Nación.

Además, 65,6% del presupuesto ($365,7 billones) está destinado al funcionamiento del Estado (salarios, operación), con un aumento de 11% frente a 2025, mientras que la inversión pública -en infraestructura, salud, educación o desarrollo social- crece apenas un 5,7%. Esto refleja una estructura de gasto desbalanceada que limita el crecimiento, el empleo formal y las posibilidades de mejoras en el bienestar ciudadano.

A esto se suma un déficit fiscal proyectado de 7,1% del PIB para 2025, una cifra muy por encima de los estándares técnicos razonables y que representa un riesgo evidente para la estabilidad macroeconómica. Colombia necesita un presupuesto realista, austero y eficiente, porque el sobrecosto de un gasto sin respaldo lo terminan pagando todos: familias, empresas y regiones.

No se requiere ser economista para comprender las consecuencias: cuando el Estado se endeuda más allá de su capacidad, ese costo se traslada a los contribuyentes. Además, se reduce la confianza de los inversionistas, suben los intereses para ciudadanos y empresas, se debilita la calificación crediticia y se presiona el tipo de cambio, lo que impacta el costo de vida y la viabilidad de los programas sociales.

La regla fiscal (Ley 1473 de 2011, modificada en 2021) establece metas de déficit estructural para proteger la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para 2025, el límite debía estar por debajo de 3,3% del PIB, pero en su lugar, el Gobierno proyecta un déficit de 7,1% y ha solicitado la suspensión de la regla, lo cual ha suscitado preocupación entre analistas e inversionistas.

Cuando un país sostiene déficits fiscales por encima de 6-7% del PIB -como ocurre actualmente en Colombia- los riesgos se agravan: mayores tasas de interés para la deuda pública, deterioro en la calificación crediticia, fuga de capitales, inflación por devaluación del peso y, en casos extremos, crisis fiscales que obligan a medidas drásticas o nuevos impuestos.

Por eso, el Congreso tiene hoy la responsabilidad histórica de corregir las distorsiones del proyecto presentado, revisar minuciosamente su viabilidad, garantizar un uso eficiente de los recursos y enviar un mensaje de disciplina fiscal. Esto implica priorizar el gasto en salud, educación, empleo e infraestructura y contener el crecimiento de la burocracia. Colombia debe avanzar hacia un crecimiento económico mayor para lograr mejores ingresos y no seguir ampliando una deuda que hipoteca su futuro.