Analistas

Ser funcionario

En días pasados el Ministro Echeverry, en el marco de una interesante tertulia con estudiantes y profesores de economía en una universidad bogotana, comenzó su intervención con un regaño-amistoso y jocoso pero regaño al fin y al cabo-a los profesores. Su queja radicó en que de un tiempo para acá él percibe que es cada vez más difícil, incluso imposible, convencer a los profesores con doctorado de abandonar, así sea temporalmente, su torre de marfil por el servicio público. Así, algunas de las mentes más preparadas del país ya no pisan-como según el Ministro sí lo hacían en el pasado-los terrenos de la tecnocracia aplicada. El Ministro además cree que la investigación de esos profesores se empobrece al no tener sus autores la experiencia de haberse ensuciado las manos con el humectante barro de la actividad pública. Razón no le falta.

Las causas de la tendencia que percibe el Ministro son múltiples. Pero hay una en particular que quisiera resaltar: el miedo creciente a que el paso por el servicio público termine en la cárcel o como mínimo con complejos problemas judiciales. Varios de los que hemos sido tentados en el pasado por el servicio público hemos incluido en la balanza de pros y contras a la hora de evaluar si aceptar o no la oferta, ese creciente temor. Para ilustrar el punto doy dos ejemplos hipotéticos, pero como en las películas, basados en casos de la vida real.
 

Primer ejemplo. Me nombran director del IDU. Soy un funcionario honesto y trabajo de buena fe. Firmo, literalmente, miles de contratos durante mi gestión. Ordeno la construcción de vías nuevas, arreglo andenes, construyo puentes, tapo huecos, ayudo a planear la infraestructura futura de la ciudad. En una de las vías que ordené construir, los insumos utilizados resultaron de mala calidad. La vía se deteriora rápidamente. Los intentos amistosos y judiciales por lograr que el contratista responda, fallan. La justicia me envía a cárcel por detrimento patrimonial. Los entes de control pretenden que yo pague los daños de mi bolsillo.
Segundo ejemplo. Me nombran Ministro. Soy un funcionario honesto y trabajo de buena fe. Convenzo al Presidente y al Congreso de la necesidad de otorgar ayudas gubernamentales a mi sector. Triunfo; el Congreso me aprueba el plan. Contrato a una entidad internacional para que me ayude a decidir quiénes serán los beneficiarios de los recursos. Parafraseando una vieja columna mía en este mismo diario, la entidad decide que los beneficiarios serán aquellos con el pelo anaranjado. Algunos avivatos se pintan la pelambrera de zanahoria para hacerse a los recursos. Los entes de control los descubren. Me alegro, eso les pasa por abusar de la generosidad del Estado. Unos días después se me acaba la alegría. Yo voy a la cárcel por haberle dado recursos públicos a los pelipintados. ¡Ah! Y también enfrento cargos porque algunos opinan que legalmente no debí haberle pedido a la entidad internacional de marras que me ayudara a decidir quién recibiría la plata del programa.
 

Quiero ser claro; los corruptos deben pagar por sus actos. Si en el primer ejemplo recibí un soborno del contratista para dejarlos usar insumos de mala calidad, me merezco el carcelazo. Si en segundo ejemplo me reuní con los pelipintados para acordar el tinte de sus pelambreras y poderles repartir dineros públicos, me merezco el carcelazo. Pero a mis ojos, en los dos ejemplos, es posible terminar en la cárcel a pesar de haber sido un funcionario honesto y actuado de buena fe.
 

Ahí hay un enorme reto de política pública. ¿Cómo combatir la corrupción de manera eficaz pero evitando la justicia espectáculo, los linchamientos públicos, el ajusticiamiento de quienes obran de buena fe y de manera honesta? ¿Cómo separar las responsabilidades políticas de las penales? Y de paso ¿cómo evitar espantar del servicio público a las nuevas generaciones de tecnócratas?