Analistas

Colombia: dos problemas y su solución

Hoy el bienestar económico de los colombianos está dictaminado por dos problemas básicos: el mal momento de las finanzas públicas y la desigualdad rampante entre su ingreso.

Déficit de las finanzas públicas

Fitch Ratings acaba de seguir a Standard&Poors en bajar la perspectiva de calificación de Colombia de estable a negativa, debido a los altos y crecientes, déficit fiscal, deuda pública y desbalance de la balanza de pagos. Las finanzas públicas vienen empeorándose por varios factores, algunos externos, como la debacle de los precios de los bienes básicos, y otros internos, como la perseverancia en el gasto público ineficiente, debido a la falta de voluntad del gobierno en atacarlo y la indomable corrupción que cada vez es más aparente.

Si bien se han propuesto alternativas para solucionar este déficit anual en las finanzas públicas de $34 billones en 2016, que ha impulsado las tasas de interés y menguado la capacidad de compra de los colombianos, ninguna de ellas tiene un impacto inmediato y significativo en las finanzas públicas. La reforma fiscal estructural propuesta necesariamente generará inflación si se aumenta el IVA, empeorará significativamente el balance de los flujos de dinero entre Colombia y el exterior y, golpeará los bolsillos de los colombianos menos favorecidos. 

Desigualdad del ingreso

El índice Gini, medido por Naciones Unidas, refleja la diferencia de ingresos y patrimonio entre los habitantes de un país. En el mundo, Colombia está consistentemente entre los diez países más desiguales entre los 160 que se miden. Si bien la correlación entre el índice Gini y el ingreso per cápita no es tan representativa, es claro que en aquellos países en que hay más desigualdad de ingreso hay más riesgos de inestabilidad social, como ha ocurrido en Colombia en los últimos 50 años.

La desigualdad en el ingreso también es reflejo de corrupción, ya que con prácticas corruptas aquellos con mayor acceso al poder pueden utilizar su posición para incrementar sus beneficios, ya sea legal o ilegalmente. Esta distinción es importante porque en muchas ocasiones la corrupción utilizada para acceder a privilegios puede estar cobijada por la ley, de manera a que sea permanente y menos riesgosa para los corruptos.

Tanto el déficit fiscal como el elevado nivel de desigualdad tienen solución sin tener que pasar por reformas tributarias dolorosas ni políticas estatales de redistribución del ingreso, frecuentemente víctimas de corrupción: reformar el régimen pensional que le cuesta anualmente al Estado $34 billones, de los cuales $12,6 billones son para completar el pago de las mesadas de retirados por Colpensiones y el resto para las pensiones de los empleados públicos, los militares, los policías y los docentes.

Si el Estado deja de subsidiar las pensiones a 10% más favorecido de personas que llegan a su edad de jubilación, y los limita a que se jubilen con las pensiones que merecen de acuerdo a lo que han cotizado ellos y sus empleadores a su nombre en su vida laboral, no habría prácticamente necesidad de una reforma tributaria que, como está planteada hoy, golpea a los más necesitados con incrementos en el IVA y demás tasas impositivas. Dado que gran parte de las pensiones ya han sido subsidiadas en años anteriores, el Congreso debería tener el valor de apoyar una reforma siguiendo las recomendaciones de la Oecd de gravar con impuestos los ingresos de las pensiones más altas.