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Analistas 04/10/2021

Índice de crimen organizado

Manfred Grautoff
Consultor de seguridad nacional

El Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), publicó el índice global de crimen organizado, en el cual se agrupan tres elementos. El primero, lo constituyen los mercados ilegales; el segundo, es la estructura e influencia de los actores criminales; y un tercer ítem, al cual denominan resiliencia, que definen como la capacidad del Estado, de crear disrupción en las actividades delictivas, a través de políticas públicas.

El informe, parte de los resultados de la construcción de este índice, sin embargo, la metodología no es del todo clara. Es decir, a la final son las valoraciones de un grupo de expertos a partir de una base de datos, que después agrupan para construir el índice GI-TOC y poder generar las comparaciones entre los países.

Según los resultados que arroja el Índice, los países con los niveles más altos de criminalidad son: la República Democrática del Congo, Colombia, Myanmar, México y Nigeria. El informe intenta homogenizar estos resultados, buscando la causa del crimen organizado en los conflictos internos. No obstante, la comprensión del crimen pasa por entender, los sistemas penales y judiciales.

Es evidente que el proceso de descolonización de África dio como resultado la pobre capacidad de coordinar, y dirigir un Estado por parte de las élites locales, que poseían una deficiente preparación en la administración de lo público. Lo que engendró, Estados fallidos con sistemas judiciales precarios.

En el caso colombiano, hay un rezago en la administración de justicia, producto de una mala coordinación de las instituciones políticas. Los intentos por reformar esta rama del poder han sido improductivos, además esta se encuentra bajo el dominio de grupos de presión, que obstaculizan cualquier intento por modernizarla.

Por su parte, las Fuerzas Militares han actualizado su doctrina de forma cíclica, incorporando procedimientos y manuales acordes con las necesidades de seguridad nacional del país. Así como la Policía Nacional, se ha venido modernizando, y hoy está en un intenso proceso de reforma, que incorpora la profesionalización del servicio de vigilancia, teniendo en cuenta los derechos humanos en sus procedimientos.

Buena parte del descenso en los homicidios, viene precedido por las acciones de las Fuerzas Armadas. No obstante, el rezago en la investigación judicial trae como consecuencia, que un porcentaje significativo de los delincuentes que capturan las autoridades no termina en imputación de cargos, debido a errores procesales que cometen quienes deben surtir estos procedimientos.

Los distintos gobiernos, han empleado políticas y mecanismos para combatir el crimen organizado, a pesar de los problemas de la rama judicial. Por lo tanto, este reporte debe leerse con precaución, porque la comprensión del fenómeno criminal requiere de un alto nivel de experticia académica, y un conocimiento de campo profundo.

De igual manera, el informe no expone que el sistema de justicia tiene graves falencias, en la formación de sus funcionarios, lo que deriva en que Colombia ocupe el segundo lugar en criminalidad, de acuerdo con el indicador GI-TOC. La pregunta es, cuándo vamos a reformar el sistema de justicia, que genera los incentivos para que el crimen organizado encuentre amparo en Colombia.