Tendré que pasar por la incomodidad de estar presente

En uno de los trinos más demenciales de su presidencia, el presidente Petro, básicamente, ha anunciado la conformación de grupos paramilitares para contener al doctor De la Espriella, nuevo presidente de los colombianos a partir de este 7 de agosto. Las llamó las “guardias libertadoras” que deberían ser conformadas por el “movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil” para “contrarrestar a los asesinos organizados”.

Hace un par de años, cuando este gobierno saliente comenzaba, en un programa de debates radicales se planteó un tema parecido por una conocida representante de la izquierda radical. Esta propuesta se daba ante la indignación por la muerte de algún líder campesino ocurrida días antes. La idea, como la planteó ante la estupefacción de los presentes, era la de activar unas “guardias campesinas”, análogas a las llamadas guardias indígenas, para que estas sirvieran de protección a los campesinos amenazados.

Los presentes le explicamos en ese entonces a la panelista que su iniciativa no solamente era ilegal, sino que podía constituir un delito. La figura de las guardias indígenas, que tanto parece inspirarles, está claramente definida en la Constitución y tiene, además, unas limitaciones de competencia muy claras. Su origen se deriva del régimen legal excepcional que aplica a las comunidades ancestrales según la Constitución vigente en Colombia.

Los obreros, estudiantes, empresarios, oficinistas o campesinos no pueden armarse, así sea con bastones y matracas, para crear una autodefensa como está proponiendo Petro.

Esa película ya la vivimos en el país y se llamaron las Convivir, que en un principio no tenían como objeto servir de fachada a grupos paramilitares -como acabó ocurriendo en algunos lugares- sino la de organizar a las comunidades rurales para defenderse en contra de las amenazas de la guerrilla. Este tipo de iniciativas fueron esenciales para derrotar a los terroristas del Sendero Luminoso en el Perú y se consideraba que lo serían también en la Colombia de mediados de los años 90 cuando las Farc estaban en plena expansión. Eso, como ya sabemos, salió mal.

Lo que Petro propone va inclusive más allá: invita a la constitución de una “milicia popular” que actúe en “coordinación con el Ejército Nacional” y que pueda reemplazar el mando castrense cuando estos se “pongan en nómina de las mafias”. Es decir, lo que propone no es otra cosa que una insurrección.

Cuatro años de fantochería, ramplonería y degradación nos han anestesiado ante los delirios de este mandatario ruin. Creemos que las majaderías que dicen son solo eso, excesos de una persona que está mal de la cabeza. Pero esto que acaba de proponer, en el ocaso de su fracasada gestión, es mucho más que eso. Que un mandatario saliente invite a desconocer el ordenamiento constitucional pidiendo armar a la población en contra de un gobierno legítimamente elegido constituye una de las violaciones más graves que se pueden cometer.

Ya es hora de que después del 7 de agosto, cuando las generosas disposiciones del fuero presidencial no lo cobijen, la justicia penal lo haga responder por estos excesos que no son accidentales.