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El lunes el Congreso aprobó sin mayor sobresalto el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027: $635 billones. La escandalosa cifra merece más que una nota de prensa de dos párrafos, como fue el cubrimiento que muchos medios escritos le dieron al asunto. Traducido a la moneda en que Colombia paga su deuda externa y compra buena parte de lo que consume, son cerca de US$205.000 millones.
Pongamos ese número al lado de otros países. Arabia Saudita, potencia petrolera con más de 36 millones de habitantes y reservas que sostienen buena parte del mercado energético mundial, gasta anualmente alrededor de US$263.000 millones. Polonia, economía industrial de 38 millones de personas, miembro de la Unión Europea, ejecuta un gasto público en el orden de US$220.000 millones.
Holanda y Suiza, dos de las economías más sofisticadas y competitivas del planeta, mueven sus finanzas públicas en esa misma liga. Colombia, con una economía que exporta café, flores y petróleo crudo, con un ingreso per cápita mediano, ya juega en su misma división presupuestal. La pregunta no es retórica: ¿con qué estructura productiva sostenemos ese tamaño de Estado?
Porque ahí está el problema de fondo. Esos países financian presupuestos de esa magnitud con aparatos productivos de altísimo valor agregado, sistemas tributarios de amplia base y, en el caso saudita, una renta petrolera enorme. Nosotros llegamos a ese mismo orden de magnitud de gasto apalancados en deuda creciente, en una carga tributaria que ya no tiene mucho más margen, y en supuestos de recaudo -una reforma tributaria pendiente por $16 billones- que ni siquiera están aprobados.
El propio ministro de Hacienda lo dijo con una franqueza inusual: este “no es el presupuesto óptimo”. Cuando el responsable de las cuentas admite eso en el momento de pedir el cheque, la alarma no la debería encender la oposición: la debería encender cualquier ciudadano que paga impuestos.
El patrón es conocido y peligroso. Cada año el techo de gasto sube más rápido que la economía real. Cada año una porción creciente de esos billones no financia inversión. No es plata para hospitales, vías, aulas, sino para burocracia estatal y el servicio de la deuda. Es decir, no estamos construyendo ninguna capacidad productiva futura. Ese no es un modelo de desarrollo; es un esquema para aplazar el ajuste fiscal, que alguien -nosotros, o nuestros hijos, con tasas de interés más altas- terminará pagando.
La disciplina fiscal seria no tiene atajo: hay que recortar ya, no en el próximo ciclo electoral. Recortar gasto de funcionamiento antes que gasto de inversión. Priorizar lo esencial, como la seguridad, la salud y la educación, y podar lo que sobra: nóminas paralelas, subsidios mal focalizados, entidades redundantes.
Un país que gasta como Polonia o Arabia Saudita, pero que produce y recauda como Colombia, no tiene margen para seguir mamando gallo. El monto del presupuesto ya está aprobado; lo que queda pendiente es la voluntad política de ejecutarlo con la prudencia que la realidad económica del país exige.
El desafío para De la Espriella consiste, entonces, en demostrar que el acercamiento actual constituye una estrategia de Estado y no simplemente un alineamiento ideológico
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