No nos equivoquemos, una cosa es la protesta pacífica, que constituye un derecho fundamental y que es una forma de participación política y, otra muy diferente, es una situación que lleva a la muerte de 11 personas, causa lesiones a otras doscientas, destruye una tercera parte de los CAI de Bogotá y hiere gravemente a 190 y cuatro uniformados.

Los que defienden la protesta alegan que esta debe incomodar, “porque el movimiento social no tiene acceso a los medios de comunicación y la clase política no oye”, en palabras de una de sus apologistas. Los que la atacan afirman que todo es un complot de la izquierda extrema para crear caos, desprestigiar al gobierno y pavimentar el camino a una victoria del castrochavismo en 2022.

Estas narrativas antagónicas inflan la burbuja en la que están inmersas cada una de las facciones. Los patrocinadores de las manifestaciones -a pesar de estar todavía en la mitad de una pandemia- no aguantan la oportunidad para volver a las calles a empujar una cornucopia de reivindicaciones, que van desde la pesca de aletas de tiburón y los derechos de los gatos hasta las masacres y la implementación del proceso de paz.

Los que las rechazan -que son, en buena medida, la mayoría silenciosa de los colombianos- las ven con escepticismo y, ahora, con miedo. Para muchos la solución a las protestas no es sentarse en una sesión de terapia de grupo con los vándalos para hablar de sus sentimientos incomprendidos sino aplicar mano dura para evitar que sigan quemando las ciudades.

Y ahí está, precisamente, el problema. Los simpatizantes de la movilización creen ingenuamente que la calle, de alguna forma, va a restablecer los atrofiados mecanismos de participación política, pero no es así. Su tolerancia con las fuerzas anarquistas y hasta criminales que se han incrustado en la protesta como parásitos extraterrestres hace que las marchas sean cada vez más violentas. Esto desdibuja las peticiones legítimas de reforma, por incongruentes que sean, y les abre el camino a los extremos.

La prueba reina de lo anterior se encuentra en los Estados Unidos. Las protestas del verano se han tornado violentas, los llamados a desfinanciar a la policía son cada vez más difundidos. Lo que empezó como una reacción legítima contra el abuso policial se ha convertido en una sedición crónica que no sirve para lograr igualdad racial, pero sí para legitimar a las fuerzas de la reacción. El lema de la campaña de Trump es “ley y orden” y su penetración en los suburbios será el factor decisivo en la elección próxima. Si Biden pierde será porque no logró desligarse del caos de las protestas.

Por esta razón, antes de salir a la próxima marcha los participantes (y sus apologistas) deben preguntarse para quién están trabajando. Si creen que para los candidatos alternativos o progresistas se equivocan. El desorden le sirve a los candidatos de la derecha, que van a recoger los apoyos de la gente común y corriente; esa misma gente que lo único que quiere es que la dejen vivir en paz.