Autogolpe blando

En el universo paralelo del petrismo todos los bochornosos escándalos que incendian al gobierno no son más que una pieza del complot de la derecha para descarrilar al primer Presidente progresista en 200 años, el mismo que llevaría a las nadies y los nadies a la tierra prometida.

O sea, la culpa de la crisis gubernamental es, como siempre, culpa de alguien más. La niñera de la secretaria general de la Presidencia estaba atentando contra la seguridad nacional, dicen, por eso fue sometida a un interrogatorio en los sótanos de las oficinas presidenciales. Las chuzadas forman parte de un entrampamiento por parte de un fiscal duquista empeñado en desprestigiar al gobierno.

Las declaraciones del exembajador en Venezuela son solo producto de una persona con exceso de aquello que ahora llaman “temas de libertades individuales”. En cuanto a la plata, los $15.000 millones que entraron a la campaña petrista y que no aparecen registrados en ninguna parte -y cuyo origen no es precisamente de “emprendedores”, según el exembajador- nadie parece que haber visto nada.

El objetivo de todo es, según esta narrativa, configurar el “golpe blando”, que no es otra cosa que el derrocamiento del gobierno ya no con tanques y soldados sino con investigaciones y expedientes. Hasta le han acuñado un término: lawfare. De estos golpes han sido víctimas, en la mitología de la izquierda latinoamericana, íconos populares como Lula, Dilma, Castillo, Correa y la señora Kirchner.

Esto, por supuesto, es pura fantasía. La izquierda latinoamericana sigue embebida en ilusiones revolucionarias y las restricciones propias de la democracia liberal le incomodan como si fueran un cinturón de castidad. De alguna forma, en esta cosmovisión, si se está del lado de pueblo se pueda estar por encima de la ley. Por eso se consideran impunes cuando convocan asambleas constituyentes espurias, como Castillo, o reciben coimas millonarias como Cristina o Dilma, o montan violentas dictaduras como las de Maduro o Ortega.

Infortunadamente este modus operandi ha llegado a Colombia y ahora ante las revelaciones de abusos de poder, irregularidades y corrupción en el ejecutivo no es de sorprender que la respuesta sea denunciar el supuesto “golpe blando”. El problema en este caso es que la procesión se lleva por dentro. Aquí no estamos frente a acusaciones de la oposición ni frente a medias proferidas por una corte o un juez. Si hay un golpe blando sería en realidad un autogolpe blando porque el escándalo lo han destapado los más cercanos funcionarios del presidente.

Las instituciones tienen ahora que cumplir con sus funciones e investigar hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados, que no son menores. La posibilidad de que cuantiosas sumas de dinero de origen ilícito hubieren entrado a la campaña presidencial, como lo sugieren las grabaciones publicadas, tienen implicaciones legales de gran magnitud. No solo los entes de control sino también la comisión de acusaciones tienen la responsabilidad de encontrar a los responsables, si es que lo hay, y proceder con las sanciones correspondientes.