Otra vez la Care

A juicio de quien escribe, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Care, permanece como uno de esos convidados de piedra de la política colombiana. Desde su creación en 1913 ha recibido críticas de todos los sectores por haberse convertido en una comisión elitista, disfuncional, ineficaz y que poco ha servido al ejercicio constructivo y la implementación de la política exterior del país. Desde 1991 dicha comisión adquirió estatus constitucional y, a partir de entonces, se hizo mucho más difícil y complejo pensar en su disolución.

El artículo 225 de la Constitución señala que “la comisión asesora de relaciones exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República”. Con ello, el organismo adquirió una naturaleza inconveniente. Al estar manifiesta en la Constitución, considerar su eliminación implica aventurarse en una combinación de elementos jurídicos, políticos e institucionales de difícil realización.

Es decir, su disolución como ente inoperante que es, requiere una reforma constitucional, y atenta contra las funciones simbólicas que resultan útiles al Ejecutivo para transmitir la idea de recibir constante asesoría en materia de política exterior e internacional. Además, es constatable que existe poca o ninguna presión política suficiente para intervenir ese artículo de la Constitución y erradicar la Care. En lugar de acabarla, los gobiernos prefieren mantenerla como un órgano formalmente existente, pero de bajo perfil, que puede usarse cuando conviene y dejarse de lado cuando no.

Precisamente, con cada Gobierno se vive una historia que reafirma lo banal del organismo que “asesora” las relaciones exteriores del Estado. Gustavo Petro desautorizó la semana anterior un intento de citación que desde la Cancillería se anunció para convocar la Care, con objeto de analizar rigurosamente la presencia activa de Colombia en la cumbre China-Celac el día de hoy. De mala manera y en público, dejó a la actual canciller, Laura Sarabia, relegada ante la idea de consultar a expresidentes, congresistas y demás miembros de la comisión sobre los pormenores en torno a la posición de Colombia en la reunión internacional que se desarrolla esta semana en Beijing.

El anterior ha sido el más reciente de los episodios. Pero existe una extensa lista de intentos de convocatoria y reuniones fallidas a raíz de su composición. Es precisamente esa una de las razones que la convierte en organismo intrascendente. La Ley 68 de 1993 decretó que la Care estaría integrada por todos “los expresidentes de la República elegidos por voto popular; doce miembros elegidos de los integrantes de las Comisiones Segundas Constitucionales (así: tres (3) por el Senado pleno con sus respectivos suplentes y tres (3) por el pleno de la Cámara de Representantes con sus respectivos suplentes; y dos miembros designados por el Presidente de la República”.

Esto, de entrada, presenta serios problemas para su funcionamiento. En Colombia los expresidentes tienen dificultades entre sí. No se hablan, no participan de ejercicios de deliberación conjunta. Por tanto, es improbable que la Care sesione de conformidad con la ley, como también incierto su futuro. A partir del 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro estará incluido en la lista de miembros de la misma, complejizando aún más el escenario. Es necesario acabar con la comisión y pensar en un cuerpo colegiado con el criterio y conocimiento para realmente asesorar el desempeño internacional del Estado colombiano.