Government shutdown

Los términos con los que se titula este texto son los que literalmente se usan para denominar el fenómeno acontecido en Estados Unidos durante las últimas semanas. Con sus particularidades en todos los ámbitos, el país del norte sigue siendo único en su funcionamiento. El más reciente cierre (parcial) de la administración estadounidense, como se conoce tal fenómeno en la lengua hispana, se ha convertido en el más largo de la historia e, incluso, ha ubicado a la economía del país en proyección negativa para el primer trimestre de 2019.

Con objeto de contextualizar el problema, es preciso señalar que los empleados públicos en Estados Unidos cruzan los dedos cada año para que los debates en el Capitolio lleguen a feliz término y la aprobación presupuestal para el período que se discute sea un hecho. En esta ocasión, como cada vez más es una costumbre, no se logró acuerdo, dejando como consecuencia una amplia inactividad en el terreno de lo público.

Los cierres de gobierno en Estados Unidos no habían sido tan comunes en una misma administración, con la excepción de los acontecidos en el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981). Sin embargo, Donald Trump (2016-2020) ya ajusta el tercero, y deshonrosamente ha logrado que este último sea el más extenso y costoso en la historia del país. Su obsesión por obtener recursos para la construcción del muro faltante en la frontera entre Estados Unidos y América Latina ha llevado la situación al extremo.

La lucha entre poderes dejó a diversas secretarías con los recursos “congelados”. La situación pasa factura directa a los departamentos de Agricultura, Comercio, Estado, Interior, Justicia, Seguridad Nacional, Tesoro, Transporte y Vivienda. En ellos, un alto porcentaje de sus funcionarios se ve obligado a parar, mientras que otros, considerados parte de los servicios esenciales del Estado, deben mantenerse en sus cargos, aunque el salario sólo esté disponible una vez se supere el problema.

Desde Standard & Poor’s han hecho ya unos cálculos financieros que, a todas luces, llaman la atención. De acuerdo con la calificadora de riesgo, durante las tres primeras semanas de cierre gubernamental, las posibles pérdidas en el terreno laboral se pudieron considerar en una cifra cercana a los US$3.600 millones. Pero más llamativo aún es que de prolongarse por una semana más, es decir, si la inactividad lograra alcanzar las cinco semanas, la entidad proyecta pérdidas cercanas a los US$6.000 millones, lo que superaría la petición financiera de Trump, como asignación para la construcción de su austral barrera.

Con la situación del cierre gubernamental, cerca de 800.000 funcionarios se han afectado de manera directa. Este radical juego de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo genera una situación tan particular que, ni siquiera en las naciones en desarrollo se presenta. Lo más crítico es que, como consecuencia de este paro, ya son varias calificadoras las que empiezan a lanzar proyecciones negativas para el desempeño económico de los tres primeros meses, deteriorando lo alcanzado en la primera mitad de su gobierno.

Con lo visto hasta ahora, el Ejecutivo ha terminado imponiéndose sobre los demás poderes, afectando la normal aplicación del concepto de “check & balances” tan popular para el análisis de la política estadounidense. Una de las demostraciones más categóricas se dio la semana anterior, cuando el mismo Trump negó el permiso para que el avión que trasladaría a la presidenta de la Cámara de Representantes a una gira internacional, fuese utilizado.

El evento, con todo lo crítico que acarrea en los ámbitos político y económico, terminó convirtiéndose en un choque personal entre un intransigente presidente y los diversos líderes demócratas que no proyectan ceder ante las pretensiones de asignarle US$5.700 millones a un muro que, para muchos, resulta innecesario. Al fin, con muro o sin muro, el crimen se mantiene a la orden del día.