Calidad en el Servicio Exterior

Nefasto. Ese es el término con el que mejor podría precisarse el manejo del gobierno actual de Colombia en materia de diplomacia y relaciones internacionales. El pasado viernes se conoció un borrador de proyecto de decreto para modificar el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Capítulo 4 del Decreto 1083 de 2015, que propone eliminar los requisitos académicos y de experiencia profesional para ejercer como embajador extraordinario o cónsul de Colombia en cualquier misión diplomática.

Con esta propuesta, se sugiere considerar únicamente la nacionalidad y la edad como requisitos formales para ocupar dichas posiciones. Las reacciones no se hicieron esperar desde distintas orillas políticas.

Asegurar la calidad y el profesionalismo en el servicio exterior constituye un requisito indispensable para que un Estado proyecte de manera coherente sus intereses, fortalezca su posición internacional y actúe con credibilidad en un entorno global cada vez más incierto y competido. La diplomacia exige funcionarios calificados y estructuras institucionales capaces de garantizar la continuidad, la meritocracia y la adaptación frente a desafíos complejos como la interdependencia, la digitalización, la gobernanza global y la diversificación de interacciones.

En tal sentido, la profesionalización del servicio exterior depende de un conjunto de factores interrelacionados. Destacan los sistemas de selección y ascenso basados en méritos profesionales, así como la formación continua en áreas como la negociación, los idiomas, la diplomacia pública y los estudios internacionales. Pero también se requieren mecanismos de evaluación transparentes y rigurosos, así como una arquitectura institucional que limite la politización y preserve la carrera diplomática como patrimonio técnico del Estado.

Resulta evidente, por tanto, que la calidad del servicio exterior se vincula a la capacidad de sus miembros para actuar con ética, independencia analítica y compromiso con el interés público, al tiempo que integran las nuevas competencias exigidas por la diplomacia contemporánea. Por lo anterior, el proyecto de decreto que presentó el Gobierno es nocivo, desacertado e incoherente con la promesa de profesionalización del servicio exterior colombiano.

Un servicio exterior falto de profesionalismo tiende a producir resultados diplomáticos inconsistentes, improvisados y desconectados de los intereses estratégicos del Estado. Cuando la carrera diplomática se ve debilitada por la politización, la ausencia de criterios meritocráticos o la falta de formación adecuada, las representaciones en el exterior se vuelven más vulnerables a errores de juicio, a negociaciones mal dirigidas y a una menor capacidad para anticipar riesgos y oportunidades globales. Esto no solo disminuye la capacidad estatal para incidir en foros multilaterales, defender sus intereses económicos o gestionar crisis, sino que también erosiona su credibilidad ante sus contrapartes.

Además, un servicio exterior poco profesional reproduce prácticas administrativas deficientes, rota improvisadamente, debilita la gestión de la información y se compromete poco con la ética. La consecuencia final es una diplomacia reactiva, incapaz de sostener políticas exteriores coherentes a largo plazo y más propensa a tomar decisiones basadas en intereses particulares que en el interés nacional. Internamente, ello debilita la legitimidad del Estado en su interacción global, alimenta la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad, y genera un círculo vicioso de baja capacidad que conlleva a un frágil perfil internacional.