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Ya para el incansable Pedro de Heredia fue claro que, a través de ciénagas y caños, se podría llegar desde Cartagena hasta el Magdalena. Fue el gobernador Pedro Zapata quien, luego de contar con el apoyo del Cabildo de Cartagena y obtener la financiación necesaria, encargó al ingeniero Somovilla y Tejada la construcción del canal del Dique, realizada con 2.000 hombres entre marzo y agosto de 1650.
Desde 1844 y durante el resto del siglo XIX se buscó ampliarlo, sin éxito, para el tránsito de vapores. Entre 1891 y 1894 se construyó el ferrocarril entre Bocagrande y Calamar, que pasó a transportar la mayor parte de la carga. Los trabajos de ampliación se retomaron entre 1923 y 1930, resultando en un canal de 88 km, entre Calamar y la ciénaga de Matuna, con 270 curvas.
Una segunda gran canalización se finalizó en 1952, la cual alteró radicalmente el recorrido: ya las embarcaciones no saldrían a la bahía de Barbacoas para entrar por Pasacaballos a la bahía de Cartagena; lo harían directamente a esta última. El resultado fue un canal de 114,5 km, con 93 curvas. En 1984 se finiquitó la última intervención, reduciendo las curvas a 50, con un ancho superior a 100 metros en toda su extensión.
Las obras de 1952 y 1984 fueron ambientalmente catastróficas. Dependiendo de la estación, hasta 10% del volumen del río pasó al canal y entró directamente a la bahía de Cartagena, contaminándola con la sedimentación del Magdalena, la cual se traspasa también a la bahía de Barbacoas, afectando incluso los corales de las islas del Rosario.
Esta situación, sumada a las inundaciones de 2010, llevó a buscar una solución definitiva y moderna para el canal, que dio lugar a la APP adjudicada al final del gobierno anterior, ya con su licencia ambiental. Esta abarca, entre otras obras, una compuerta en Calamar y esclusas allí y en Puerto Badel, para mantener y mejorar la navegabilidad y revertir los daños ambientales de los últimos 70 años.
Desafortunadamente, este plan completa ya cuatro años parado. En un giro kafkiano, MinAmbiente derogó la licencia y exigió un nuevo estudio de impacto ambiental, concentrado sobre el “Santuario del Mono Hernández”, de 3.000 hectáreas, a 20 km de distancia del canal. Esta nueva tarea costará más de $110.000 millones, confirmará las ventajas del proyecto y retrasará los trabajos por varios años.
Recordemos que el programa entero para las obras, con base en el cual se diseñó la APP, costó $52.000 millones.
El gobierno suspendió también la entrega de las vigencias futuras, con lo cual obtener la financiación será muy difícil. El retraso implica, además, que los presupuestos originales tendrán que ser revisados y nuevamente negociados. La APP del canal del Dique, un formidable proyecto con beneficios trascendentales y evidentes para más de 500.000 hectáreas de ecosistemas -incluida la emblemática bahía de Cartagena- y para el bienestar de millones de habitantes, está colapsando, víctima de la tramitología infinita.
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