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Quienes venimos del sector privado hemos sido formados en la búsqueda constante del manejo eficiente de los recursos y el logro de la mejor inversión para fomentar el crecimiento y la competitividad. Este principio es de suma importancia en la gestión del sector público y debería ser la máxima prioridad de aquellos que adquieren la responsabilidad ser ordenadores del gasto.
Medellín es la segunda ciudad con el mayor presupuesto por habitante ($1.919.000); sin embargo, al analizar las cifras de ejecución de esta Alcaldía, es, además de vergonzoso, preocupante encontrar, por ejemplo, que 24% de los habitantes carecen de seguridad alimentaria, 95% de los colegios tienen fallas en su infraestructura y programas como Buen Comienzo cuentan con más recursos pero menos cobertura. Es evidente que hemos retrocedido en la cobertura y calidad de la alimentación de nuestros niños, teniendo hoy nuevamente altos índices de desnutrición crónica infantil.
El Conglomerado público de Medellín cuenta con 34 entidades que se agrupan en tres categorías: vinculadas, indirectas y adscritas. El artículo 4 del reglamento del Concejo nos recuerda que es facultad de éste determinar la estructura de la Administración Distrital; por ello, debemos estudiar la posibilidad de fusionar o eliminar aquellas entidades que dupliquen funciones o sean ineficientes. Por ejemplo, Terminales de Medellín y el Aeropuerto Olaya Herrera podrían fusionarse para operar bajo una misma gerencia; la Agencia de Cooperación Internacional, ACI, y el Medellín Convention Bureau podrían dejar de existir y tanto Ruta N como la Secretaría de Desarrollo Económico podrían encargarse de impulsar la internacionalización y la inversión extranjera.
Más burocracia no significa mayor eficiencia en el gasto público: bajo la administración de Daniel Quintero se crearon tres gerencias cuyas funciones ya se cumplían desde la Secretaría de Inclusión Social. El tiempo demuestra que sus resultados no han tenido gran impacto, lo que lleva a concluir que presuntamente fueron espacios constituidos para ampliar la burocracia, sin aportes a la sociedad. Debemos analizar y decidir si es necesario conservarlas o fortalecer la Secretaría y reducir costos operativos. Lo anterior, teniendo como regla clara, la optimización máxima de los recursos para lograr una ejecución eficiente.
Reorganizar la administración pública con el objetivo de reducir el gasto público es dar un paso hacia la recuperación de la confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones. Es demostrar que los recursos pueden y deben ser, en su mayoría, destinados a programas que permitan el progreso de cada ciudadano, en alianzas público-privadas para ofrecer más y mejores servicios públicos de calidad, oferta cultural, deporte y hábitos saludables, educación integral, seguridad, infraestructura y calidad de vida, entre otros. La confianza es la que hace que los ciudadanos continuemos pagando oportunamente los impuestos y servicios públicos.
Lo anterior nos lleva al deber fundamental de lo público: maximizar la inversión social, recuperando los programas abandonados con el fin de sanar las heridas que esta administración ha dejado frente a las poblaciones más vulnerables. Será una misión impostergable continuar cerrando las brechas sociales y económicas; fortalecer la educación en calidad, cobertura y permanencia; dinamizar cada una de las comunas y corregimientos; apostar por iniciativas que permitan la generación de ingresos para mujeres en una economía del cuidado; lograr la equidad en la atención a la niñez; crear condiciones para una vejez digna en Medellín y fortalecer el ecosistema del emprendimiento con programas como “Apasionados por Medellín” de administraciones anteriores o “Mentores” de Fenalco.
El dinero público es sagrado. Debemos priorizar su inversión focalizada y transparente. Es la única forma de recuperar la confianza de una ciudadanía que anhela tener de nuevo una Medellín, ciudad de oportunidades.
