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Analistas 17/11/2026

Se le metieron al rancho al ministro

Juan Pablo Pineda
Exviceministro de Agricultura
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Ministro Dangond, ¡ojo con el burro que está en la cerca: se quiere comer el maíz! Cuando se aprobó el Plan de Desarrollo de Duque, Andrés Valencia era ministro de Agricultura y Jonathan Malagón, ministro de Vivienda. El Ministerio de Vivienda ganó la partida: se quedó con la política de vivienda rural y sus nuevos recursos. La proposición de Valencia para frenar ese traslado perdió por un voto, según La Silla Vacía. Hoy, Malagón preside Asobancaria. El borrador de las Bases del Plan de Desarrollo 2026-2030, en su versión del 9 de noviembre de 2026, propone en la página 310 utilizar recursos del agro como alternativa para financiar infraestructura. ¿Respalda Malagón este apetito por el maíz?1,18,19,20,21,22

El riesgo está en abrirle a la infraestructura la bolsa del crédito agropecuario. Si financiar una obra permitiera reducir la obligación de apoyar al campo, el banco podría dejar al papero esperando. El incentivo sería perverso: cambiar campesinos por contratistas.1

Una obra respaldada por contratos, garantías y pólizas puede atraer más al banco que una cosecha desprotegida, aunque ambas estén expuestas al clima. En 2023, solo el 2 % del área sembrada de papa estaba asegurada. La helada no pregunta cuándo vence la cuota.7,15,16,17

En septiembre de 2026, el saldo de los títulos agropecuarios era de $21,04 billones. Si se desviara el 20 % sin reponer esos recursos, al agro le faltarían $4,21 billones. Es un escenario hipotético, pero ilustra la sangría: quitarle el pan al campo para engordar el cemento.6

Los títulos de desarrollo agropecuario (TDA) son como pagarés de Finagro: los bancos los compran y la entidad devuelve el capital con intereses. Con esos recursos, Finagro financia a los bancos que les prestan a los productores.2,5,10

La inversión obligatoria se calcula sobre ciertos depósitos, descontado el encaje: 5,61 % para los de corto plazo y 4,25 % para los de mediano plazo. Los créditos agropecuarios que cumplan los requisitos permiten reducir la compra obligatoria de TDA.2,10

Con base en el indicador bancario de referencia publicado el 11 de noviembre de 2026, las tasas de los TDA equivalían aproximadamente al 8,28 % efectivo anual para la clase A y al 10,38 % para la clase B. Los TES a un año, títulos de deuda del Estado, se adjudicaron el 10 de noviembre al 12,80 % efectivo anual.10,11,12,13,14

Supongamos que un banco le presta al papero con recursos propios al 18 % efectivo anual. El rendimiento bruto del préstamo superaría en 9,72 puntos porcentuales al de los TDA de clase A y en 7,62 puntos al de los TDA de clase B, antes de considerar costos y pérdidas crediticias. El crédito elegible reduce la compra obligatoria de TDA; comprar TES no. Ahí está el incentivo para ponerse las botas.10,11,12

Propongo que la banca destine obligatoriamente un 4 % adicional de los depósitos del público a infraestructura, mediante un fondo independiente administrado por Findeter. Los títulos de desarrollo de infraestructura (TDI), propuestos en la página 116 del borrador, funcionarían como pagarés para financiar, por ejemplo, un metro en Barranquilla. Sobre $793,3 billones en depósitos y otras obligaciones al cierre de 2025, ese 4 % equivaldría a $31,7 billones. La ley definiría la base de cálculo. Los $31,7 billones representarían un saldo de inversión, no un recaudo anual.1,9

La banca tendría que cumplir ambas obligaciones, sin escoger entre ellas ni compensarlas. En cada sector, los montos no cubiertos con crédito elegible se invertirían en los títulos correspondientes: TDA para el agro y TDI para infraestructura. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, debería respaldar esta fuente adicional de recursos para dinamizar la economía y desarrollar la infraestructura colombiana.23 ¡Banqueros, móntense en la Patria Milagro! Como decía mi papá, más vale pájaro en mano que cientos volando.

Fuentes
1. Bases del Plan de Desarrollo 2026-2030: Colombia, la Patria Milagro [Borrador]. (2026, 9 de noviembre). Páginas 116 y 308-310; estrategias 1.1.1 y 5.1.3.

2. Banco de la República. (s. f.). Implementación de la política crediticia. Apartado «Títulos de desarrollo agropecuario». Consultar fuente

3. Finagro. (2023). Estados financieros, notas y dictamen a diciembre de 2022. Nota 12; saldos comparativos de los TDA de 2022 y 2021. Consultar fuente

4. Finagro. (2024). Estados financieros, notas y dictamen a diciembre de 2023. Nota 12; saldo de los TDA de 2023. Consultar fuente

5. Finagro. (2026). Dictamen, estados financieros y notas 2025. Nota 11; saldos comparativos de los TDA de 2025 y 2024. Consultar fuente

6. Finagro. (2026). Estados financieros Finagro septiembre 2026. Títulos en circulación, columna «EJE»: $21.040.372 millones. Consultar fuente

7. Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. (2025, 19 de noviembre). Concepto C-1442 de 2025. Garantías en la contratación estatal y excepciones en los procesos de mínima cuantía. Consultar fuente

8. Finagro. (s. f.). Garantías. Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Consultar fuente

9. Superintendencia Financiera de Colombia. (2026). Actualidad del Sistema Financiero Colombiano: diciembre 2025. Página 5 y tabla 10 de la página 18. Consultar fuente

10. Banco de la República. (2026, 30 de julio). Compendio de la Resolución Externa 3 de 2000. Artículos 2, 5, 9 y 10: porcentajes, sustitución, plazo y rendimientos de los TDA. Consultar fuente

11. Banco de la República. (2026, 28 de julio). Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-108, asunto 16. Página 2: rendimientos, vigencia del indicador bancario de referencia (IBR) y base de cálculo Real/360. Consultar fuente

12. Banco de la República. (2026, 11 de noviembre). Indicador Bancario de Referencia a 3 meses, nominal [Serie diaria 243-1]. Dato publicado: 11,625 %. Consultar fuente

13. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026, 10 de noviembre). Informe TES subasta TCO n.º 45. Tasa de corte: 12,800 %; vencimiento: 2 de noviembre de 2027. Consultar fuente

14. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026, 14 de mayo). Resolución 1002 de 2026. Artículo 2, numeral 9, página 5: la tasa de corte de TCO se expresa en términos efectivos anuales. Consultar fuente

15. Gáfaro, M. (coord.), et al. (2025, 19 de marzo). Barreras de acceso al crédito a pequeños productores agropecuarios en Colombia. Ensayos sobre Política Económica, 109, apartado 4. Cobertura de seguro: 2 % del área sembrada de papa en 2023. Consultar fuente

16. Gómez Pérez, D. (2022). Seguros para la infraestructura. Revista Fasecolda, 188, 76-81. Pólizas, riesgos amparados y límites de cobertura. Consultar fuente

17. Agencia Nacional de Infraestructura. (2025, 23 de julio). La ANI atiende 13 sitios críticos en el proyecto Transversal del Sisga por la temporada invernal. Consultar fuente

18. Congreso de la República de Colombia. (2019, 25 de mayo). Ley 1955 de 2019, artículo 255. Traslado de la política de vivienda rural y administración de sus recursos desde 2020. Consultar fuente

19. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019, 4 de marzo). Nuestra meta es que el agro pase de crecer 2% a 4% anual: ministro Andrés Valencia. Agronet. Consultar fuente

20. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (s. f.). Cierre Programa de Vivienda Rural 2000-2019. Competencia del Ministerio de Vivienda desde 2020 y cierre de los proyectos anteriores a cargo del Ministerio de Agricultura. Consultar fuente

21. Asobancaria. (s. f.). Equipo de trabajo. Jonathan Malagón: ministro de Vivienda (2018-2022) y presidente de Asobancaria desde 2023. Consultado el 12 de noviembre de 2026. Consultar fuente

22. Celedón, N., Ardila Arrieta, L., & Huertas, J. (2019, 2 de mayo). En 24 horas, Gobierno ratifica su quiebre con el Congreso y descoordine. La Silla Vacía. Consultar fuente

23. Banco de la República. (s. f.). Miguel Gómez: ministro de Hacienda y Crédito Público. Consultado el 12 de noviembre de 2026. Consultar fuente

Cálculos y precisiones

Base de la inversión obligatoria. Todas las cifras monetarias están expresadas en pesos colombianos. Los porcentajes del 5,61 % y del 4,25 % se aplican a pasivos computables, descontada la reserva obligatoria o encaje. La inversión exigible considera la cartera agropecuaria sustitutiva ponderada y otros ajustes reglamentarios; no equivale a una cuota uniforme de crédito directo sobre todos los depósitos.2,10

Tasas y equivalencias. El indicador bancario de referencia (IBR) nominal a tres meses publicado el 11 de noviembre de 2026 fue del 11,625 %. Las tasas nominales anuales resultantes son del 7,925 % para los TDA de clase A (IBR menos 3,70 puntos porcentuales) y del 9,865 % para los de clase B (IBR menos 1,76 puntos porcentuales). Para un período de 92 días, la tasa efectiva anual (EA) se calcula así:

En la fórmula, j es la tasa nominal anual expresada en forma decimal. Los resultados son 8,279737 % EA y 10,382360 % EA, respectivamente. Frente al TES del 12,80 % EA, las diferencias son de 4,52 y 2,42 puntos porcentuales. Son equivalencias anuales de las tasas del cupón, no rendimientos fijos para todo el año ni cotizaciones del mercado secundario. El IBR publicado rige para el período que comienza el día hábil siguiente. El menor rendimiento implica un costo de oportunidad; prestar puede ser más rentable, según los costos y riesgos. Los TES no sustituyen la inversión obligatoria en TDA.10,11,12,13,14

Saldos y escenarios. Los saldos de los TDA de clases A y B, sin incluir obligaciones por arrendamientos y en billones de pesos, fueron: 2021, $12,72; 2022, $15,73; 2023, $16,66; 2024, $17,56; y 2025, $17,84.3,4,5

Escenario sin reposición de recursos: $21,040372 billones × 20 % = $4,2080744 billones. Referencia para los TDI: $793,291522 billones × 4 % = $31,73166088 billones.6,9

La base de esta última estimación es el saldo de depósitos y exigibilidades al cierre de 2025; la ley tendría que definir la base computable. El 4 % adicional es una propuesta, no una obligación vigente. El monto resultante representaría un saldo invertido, no un recaudo anual. Ambas obligaciones serían simultáneas e independientes, sin compensación ni doble cómputo. Los montos no cubiertos con crédito elegible se invertirían en TDA para el agro y en TDI exclusivamente para infraestructura, según la obligación correspondiente. El fondo propuesto debería publicar el destino de los recursos, los montos recuperados y los efectos sobre los costos de financiación y otros créditos.1,9

Seguros, ejemplo y antecedente

Seguros. En 2023, el 2 % del área sembrada de papa estaba asegurada y el 98 % restante no lo estaba; estas proporciones no se refieren a todos los proyectos rurales. Las pólizas de infraestructura cubren riesgos específicos y están sujetas a límites de cobertura; por sí solas, no garantizan el crédito. Las obras también están expuestas a eventos climáticos. El agro cuenta con seguros y con garantías del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que son instrumentos distintos. La posible preferencia bancaria por las obras es una hipótesis sobre incentivos, no un desplazamiento demostrado del crédito agropecuario.7,8,15,16,17

Ejemplo del papero. El 18 % efectivo anual es un supuesto ilustrativo, no una tasa observada. Para un capital de $100 millones durante un año, sin amortización, con tasas constantes y la reinversión implícita en la equivalencia anual, el rendimiento bruto sería de $18 millones en el préstamo, $8,28 millones en los TDA de clase A y $10,38 millones en los de clase B. Las diferencias serían de 9,72 y 7,62 puntos porcentuales, equivalentes a $9,72 y $7,62 millones. Estos valores no son utilidades netas: aún deben descontarse los costos de fondeo y operación y las pérdidas crediticias. La sustitución de la inversión obligatoria en TDA exige cumplir los requisitos y factores de cómputo aplicables al productor.10,11,12

Antecedente histórico. El artículo 255 de la Ley 1955 de 2019, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, asignó desde 2020 al Ministerio de Vivienda la formulación y ejecución de la política de vivienda rural y, por medio de Fonvivienda, la administración de sus recursos de inversión. El Ministerio de Agricultura conservó la responsabilidad de cerrar los proyectos anteriores a 2020. Esta columna se refiere a esa política y a sus nuevos recursos, no al presupuesto agropecuario completo.18,20

Andrés Valencia era ministro de Agricultura durante la aprobación del Plan. Jonathan Malagón dirigió el Ministerio de Vivienda entre 2018 y 2022 y preside Asobancaria desde 2023, según el directorio del gremio. La pregunta de la columna pide su posición sobre la propuesta actual; no le atribuye su autoría. La Silla Vacía informó, el 2 de mayo de 2019, que la proposición de Valencia para retirar el artículo perdió por un voto. La expresión «ganó la partida» es una valoración editorial, no una cita de congresistas.19,21,22

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