Salpicón Nacional de Desarrollo

El Congreso tiene un gran desafío con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Deberá estudiar, analizar y aprobar alrededor de trescientos artículos de todo tipo. Recordemos que el PND tiene génesis constitucional en el artículo 339 de la C.P., donde se establecen sus pilares: i) una parte general, que contiene los objetivos a largo plazo, metas y prioridades a mediano plazo y la política económica, social y ambiental, y ii) una parte especial de inversiones, que contiene los presupuestos plurianuales y la especificación de los recursos financieros para su ejecución. Igualmente, la Ley 152 de 1994, que desarrolla la norma constitucional, establece la forma para elaborar, aprobar, ejecutar, vigilar y evaluar el PND.

Así, el PND cuenta con derroteros y límites, por lo que no todo vale. Debe haber conexión substancial y material entre las normas y los objetivos. Por otro lado, no se puede usar para llenar vacíos o inconsistencias contenidas en las leyes, ser utilizada como instrumento para suplantar la competencia legislativa, contener normas de carácter sancionatorio, derogar o modificar normas sustantivas u orgánicas o incluir normas que tengan vocación de permanencia. En otras palabras, el PND no puede volverse una herramienta para modificar, incluir y derogar normas jurídicas a la medida u otorgar facultades extraordinarias invasivas y sin relación substancial con los objetivos. Si no se respetan estos derroteros y límites, se presentarán demandas de inconstitucionalidad. De hecho, este tipo de demandas han crecido en el país. Desde el Gobierno de Samper se han presentado 171 sentencias de inconstitucionalidad de los PND.

Lo cierto y concreto es que en el PND de Petro está materializando el “cambio” y su ideología política. El plan se denomina “Colombia, potencia mundial de la vida” e incluye todo un salpicón de fondos, sistemas, consejos, transferencias y programas, especialmente para aquellos que han sido “marginados” y para la economía popular (negocios informales y locales de baja escala). No hay un verdadero plan de generación de empresa y empleo a gran escala. Se quiere refundar el país, lo cual es evidente con la mención del objetivo de “construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas”, frase que es injusta con los gobiernos de los últimos años que realizaron grandes esfuerzos y logros y en nada colabora con la proyección de un futuro mejor para todos los colombianos.

Desafortunadamente, es un PND ideologizado y al estilo salpicón, para repartir el presupuesto nacional en ayudas y subsidios y cambiar hacia una “economía verde” y local a baja escala que, en principio, no tiene la potencialidad para generar un gran crecimiento económico y riqueza para todos los colombianos. Causan incertidumbre varios artículos, como por ejemplo, los de facultades extraordinarias, el de la prohibición de minería de gran escala a cielo abierto y el de la formulación, adopción e implementación de la nueva política de drogas. Esperemos que el análisis y la posición del congreso sobre el PND sea seria, analítica y constructiva, de manera que se eviten micos por inconveniencia o ilegalidad y que la Corte Constitucional realice su trabajo de protección de la Constitución, que es nuestro verdadero contrato social.