A corregir el rumbo

Durante el infausto gobierno de Gustavo Petro ocurrieron episodios lamentables, muchos de corrupción o, simplemente, de desidia administrativa. El caso más emblemático es, por supuesto, el de la Ungrd. Pero el más sensible, y donde el nuevo gobierno tiene una gran oportunidad para corregir y anotarse un éxito, es el de la política energética y Ecopetrol, en el que se mezclan asuntos de gobierno corporativo, corrupción y, desde luego, de política de Estado en un sector de gran importancia fiscal.

En materia energética, la nueva administración debe acuñar y llevar a la realidad la consigna de Donald Trump: “Drill, baby, drill”. Los recursos naturales deben ser explorados y explotados de manera rápida y sistemática. Mientras países como Argentina y Guyana han aumentado su producción petrolera y están aprovechando los altos precios internacionales, Colombia se ha quedado atrás por taras como el falso discurso ambientalista, las consultas previas llevadas al extremo y funcionarios incompetentes como Irene Vélez.

Igualmente, corremos el riesgo de depender del gas extranjero y perder nuestra soberanía energética. Ojalá el Ejecutivo se mueva rápidamente en este campo y se pueda utilizar el fracking de manera decidida y consistente. Una buena política pública que garantice la autonomía energética y recursos para el Estado es mandatoria.

Respecto del gobierno corporativo de Ecopetrol, nada más vergonzoso que el comportamiento de la administración durante el período 2022-2026. Por los caprichos de Petro y la falta de carácter de la mayoría de los miembros de la junta, la petrolera desaprovechó oportunidades de negocio en la cuenca del Permian. Esa operación constituía una opción clara y estratégica para aumentar la producción y las reservas y adquirir know-how en yacimientos no convencionales.

Otro episodio cuestionable fue el de Covington & Burling, relacionado con un supuesto espionaje interno. Independientemente de las distintas versiones y de lo que finalmente establezcan las investigaciones, ante la opinión pública quedó la percepción de que la administración cohonestó o permitió la retención o el acceso a comunicaciones e información de funcionarios y directivos. A esto se sumó una indagación de la Procuraduría por el supuesto acceso indebido a información reservada de ejecutivos a través de la Uiaf.

Y ni hablar de otras perlas, como el famoso apartamento de Roa; el pago por unos activos asociados a Termomorichal I y II, cuando se alegaba que estos hacían parte de la reversión de la concesión y que, por lo tanto, no debía pagarse compensación alguna, o las recientes grabaciones que supuestamente evidencian la repartija de cargos y contratos en la entidad, además de otros hechos en el mismo sentido relacionados con personas cercanas a Roa.

Todo esto pone de manifiesto la crisis de gobierno corporativo que padece la compañía, que fracturó la independencia de la administración y afectó la probidad, con consecuencias sobre sus capacidades productivas, operativas, técnicas y financieras y, sobre todo, sobre la confianza y la reputación de la empresa.

No va a ser fácil retomar el camino. No obstante, dada la importancia de Ecopetrol, el gobierno tiene la obligación de corregir el rumbo y, nuevamente, una oportunidad de oro para brillar.

La petrolera lo necesita y las finanzas del Estado también.