Integraciones empresariales en Colombia

El control de integraciones en Colombia, una función poco mencionada en la economía colombiana, es un instrumento preventivo y de protección de la libre competencia a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dicha labor se fundamenta en lo previsto, entre otras normas, en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1340 de 2009 y faculta a la autoridad única de competencia colombiana a imponer condicionamientos o incluso objetar una operación de integración empresarial cuando se detectan riesgos inminentes, substanciales y no subsanables de pérdida de competencia en uno o varios mercados nacionales, cuando esto se deriva del proceso de integración entre grandes empresas en la economía nacional.

Estas integraciones empresariales, independiente de la forma jurídica en que se realizan, están sometidas al control señalado cuando se consuman entre competidores (integraciones de tipo horizontal) o entre empresas de una misma cadena de valor en eslabones diferentes, tal como la adquisición de un comercializador o distribuidor por parte de una empresa o de la adquisición de un proveedor por parte de la misma, casos en los cuales se hace alusión a integraciones de tipo vertical.

En 2019 la autoridad de competencia colombiana tuvo oportunidad de analizar 201 operaciones de integración empresarial, dentro de las cuales 145 de ellas correspondieron a notificaciones, 25 operaciones fueron analizadas y autorizadas en fase 1, por no detectarse riesgos inminentes de pérdida de competencia y 19 de ellas analizadas en fase 2, dentro de las cuales dos de ellas fueron condicionadas y una objetada. Todo ello sin contar 12 conceptos sobre diferentes operaciones de integración solicitados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Este resultado, además de mostrar una importante dinámica de reconfiguración de grandes jugadores al interior de los mercados colombianos, permite realizar un interesante ejercicio comparado frente a lo que representa el control de integraciones empresariales en otras economías. En México durante el mismo 2019 fueron analizadas 132 operaciones de integración empresarial, en Portugal 63 operaciones, en Chile 41 operaciones y en Estados Unidos 21 operaciones. Eso significa que el año pasado la autoridad de competencia colombiana tuvo oportunidad de analizar 1,5; 4,9 y 9,5 veces las operaciones que sus homólogos revisaron en México, Portugal, Chile y Estados Unidos respectivamente.

Sin duda alguna el reto de este tipo de instrumento no es menor, en momentos de grandes reconfiguraciones al interior de mercados altamente globalizados, que se adaptan a velocidades nunca antes vistas como producto de las innovaciones en muchos sectores de la economía, resultado del desarrollo de lo que se ha llamado la Cuarta Revolución Industrial. Sin embargo, para fortuna de los lectores, Colombia cuenta con una entidad técnica, seria y responsable que se encarga de esta importante labor de proteger y promover la libre competencia en Colombia.