El país que llueve, pero no bebe

Colombia es uno de los cinco países con mayor riqueza hídrica del planeta, y también uno donde millones de personas no pueden abrir una llave con la certeza de que saldrá agua. La contradicción no es un accidente climático; es un diagnóstico de gestión. Abundan los ríos, los páramos y las lluvias; escasean los acueductos, las plantas de tratamiento y, sobre todo, las decisiones tomadas a tiempo.

El fenómeno de El Niño ya está aquí, y no llegó de sorpresa. El Ideam confirmó su presencia en junio y calcula ahora una probabilidad de 81% de que alcance intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026, lo que lo situaría entre los eventos más intensos desde que existen registros modernos. Sus efectos -según la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo- podrían dejar a 558 municipios en riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua potable, con 111 en condición crítica. La ministra encargada de Vivienda del gobierno saliente hizo el anuncio el 30 de julio, apenas ocho días antes de la posesión del nuevo presidente; es decir, la crisis se advirtió justo cuando la responsabilidad de enfrentarla ya iba camino a otras manos.

El gobierno de Gustavo Petro dedicó más energía a los discursos que a las obras. Convirtió el cambio climático en pieza central de su retórica internacional, pero mientras hablaba de “potencia mundial de la vida” en Naciones Unidas, la ejecución avanzaba a paso de tortuga: solo 331 megavatios de los 4.475 previstos para 2026 habían entrado en operación al 2 de julio; 60% de los proyectos de transmisión eléctrica acumula retrasos; y los embalses del país llegaron al segundo semestre a 67% de capacidad, muy por debajo de 80% recomendado para afrontar una sequía prolongada. El problema no fue hablar del clima. El problema fue creer que hablar era gobernar.

Ahora la responsabilidad pasa a Abelardo de la Espriella, quien tiene tareas concretas y medibles: acelerar los 3.750 megavatios represados, garantizar el respaldo térmico -es decir, las plantas de gas o carbón que suplen cuando el agua falla-, declarar formalmente la emergencia por desabastecimiento antes de que se convierta en crisis, y coordinar con las gobernaciones un plan de racionamiento ordenado que evite el pánico. Sesenta días es lo que hay para actuar sin improvisación.

Mientras tanto, la vida real del país es esta: a hora y media de Bogotá, Anapoima lleva décadas construyendo su identidad de balneario de la élite bogotana: condominios con piscina, casas de descanso, hoteles boutique y varios de los clubes campestres más exclusivos del país. Pero el municipio no tiene fuentes hídricas propias: capta agua desde Tena, y de los 52 litros por segundo que necesita solo recibe 23. La CAR ha reportado que sus fuentes no cubren ni 30% de la demanda. Los que pueden pagarlo no sienten la crisis: sus fincas tienen tanques privados, algunos condominios levantaron sus propias represas -Mesa de Yeguas destinó 46 fanegadas a ese fin- y los hoteles almacenan lo suficiente para nunca cortarle el agua a un huésped. El racionamiento lo carga el vecino de siempre, que recibe agua una vez a la semana o cada quince días.

Y si eso pasa al lado de la capital, es fácil imaginar qué ocurre en La Guajira, en Chocó, en las veredas de Vichada donde el racionamiento no es medida excepcional sino forma de vida. Solo 56% de los municipios colombianos entrega agua apta para consumo humano en su casco urbano; en las zonas rurales, apenas 9,7%. El Niño pasará, como pasaron los anteriores. Lo que no puede pasar otra vez es la costumbre de esperar la sequía para descubrir que faltaba agua, y el racionamiento para recordar que faltaba energía. La naturaleza produjo el fenómeno; la crisis, en buena parte, la produjo la indiferencia.