Antes de que Bogotá tiemble

Mientras escribo, en La Guaira siguen sacando cuerpos de entre los escombros. Los dos terremotos del 24 de junio -magnitudes 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, con apenas 39 segundos de diferencia y en un fenómeno de “gemelos”- dejaron hasta el momento 1.943 muertos, más de 10.000 heridos y decenas de miles de damnificados en Caracas y su franja costera. Un desastre “que se produce una vez cada siglo”, en palabras de los organismos internacionales que asisten al país. Antes que cualquier lectura política, va la solidaridad elemental: allá hubo padres que salieron a buscar a sus hijos entre los escombros, y algunos todavía no los encuentran.

La tragedia venezolana obliga a Bogotá a mirarse al espejo. No porque Colombia sea Venezuela -los contextos institucionales son distintos y la comparación política sería tramposa-, sino porque la vulnerabilidad física, esa que se mide en columnas mal ancladas y muros sin refuerzo, se parece más de lo que creemos.

Bogotá crece de espaldas al riesgo desde hace medio siglo. En muchas laderas del sur y del suroccidente, la casa la levantó el “maestro” piso por piso, solo con ladrillos y con recursos limitados; no hubo cálculo estructural, bajo la lógica comprensible, pero peligrosa, de “ir subiendo” cuando llegue el segundo hijo. El profesor Daniel Ruiz, de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro de la junta directiva de Asosismica, ha estimado que cerca de 60% de las edificaciones de la ciudad no serían sismorresistentes; es decir, podrían sufrir daños graves o colapsar ante un sismo fuerte. Y agrega un dato que conviene recordar en el trancón de la ciudad: un edificio alto en los Cerros Orientales tiene más probabilidades de resistir un temblor que uno en la carrera 30, porque el suelo lacustre de la sabana amplifica las ondas, mientras que el de los cerros, con base en piedra, las atenúa.

El antecedente que rara vez recordamos ocurrió el 31 de agosto de 1917, a las 6:36 de la mañana. Un sismo de magnitud estimada entre 6,7 y 7,3, con epicentro en el Piedemonte Llanero, sacudió una ciudad de apenas cien mil habitantes durante quince segundos. La torre de la iglesia de Lourdes, en Chapinero, se vino abajo y mató a seis personas. El Capitolio, el Palacio de Nariño, los hospitales San Juan de Dios y La Misericordia y el claustro del Colegio del Rosario quedaron gravemente averiados; en Villavicencio, que quedó tan devastada por el sismo, las autoridades llegaron a plantear reubicar la ciudad. En total, más de trescientas edificaciones sufrieron daños en Bogotá. Han pasado ciento nueve años. La ciudad ha multiplicado por setenta su población y por sesenta y ocho su área. La normatividad sismorresistente colombiana solo empezó a ser exigente después del terremoto de Popayán en 1983, y su versión vigente, la NSR-10, apenas rige plenamente desde hace una década y media. Todo lo construido antes -una porción enorme del centro y de los barrios consolidados- vive en un limbo técnico. Más importante aún, la energía de las fallas se suele liberar cada varias decenas de años, por lo que el próximo evento, con seguridad, estará dentro de la próxima generación.

La ciudad ha hecho tareas: existen microzonificación sísmica, Idiger, simulacros anuales. Pero los mapas no salvan a quien vive en una casa levantada solo con ladrillos, sin licencia y sin acero, y los simulacros no refuerzan muros. El riesgo real no está en la falla geológica, que hará lo suyo cuando le corresponda; está en el estado material de la ciudad cuando le corresponda.

La pregunta no es si Bogotá puede temblar. Puede. Ya ha temblado. La pregunta es cuántos de esos siete millones de habitantes duermen esta noche en un edificio que no aguantaría un 7,2 en la escala de Richter. Venezuela acaba de recordarnos que un terremoto no mata a todos por igual: mata, sobre todo, a quien vive en lo mal construido. Y en Bogotá lo mal construido no es una anécdota estadística. Es, según los expertos, la mayoría. El tiempo, como siempre en estos temas, se acaba antes de que la tierra empiece a moverse.