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Ha sido caótica la salida de las aerolíneas Ultra Air y Viva del panorama nacional. Miles de pasajeros se quedaron varados en sus destinos y el turismo se ha visto seriamente afectado. Según Anato, las cifras de ocupación durante la Semana Santa disminuyeron hasta 30% en algunos destinos, lo que implica un verdadero retroceso en el camino de recuperación que se venía siguiendo.
Desde hace meses, los precios de los vuelos venían aumentando. Hasta junio del año pasado, según el Dane, habían aumentado 26%. La subida del precio de la gasolina, los costos asociados a las operaciones y la demanda han contribuido a que viajar en avión vuelva a ser un lujo. Este panorama ha preocupado al Gobierno, que se ha visto obligado a prestar el avión presidencial e improvisar planes para afrontar la coyuntura en la que los destinos que vivían exclusivamente del turismo se han visto muy afectados.
Frente a este panorama, en estos días ha rondado la idea de controlar los precios de los pasajes por parte del Estado. Dicha tentación hace parte de un clamor popular que, ante los problemas, pide soluciones inmediatas. Esta receta ya ha sido probada en otros países y aquí la solución termina siendo peor que la enfermedad.
El control de precios tiene dos graves inconvenientes: el primero de ellos es la escasez. Si el precio de un bien o servicio es fijado por debajo de su costo de producción, los productores tendrán menos incentivos para producir y ofrecer ese bien o servicio.
Como resultado, la oferta de ese producto disminuirá, lo que a su vez generará una escasez en el mercado o incluso que desaparezca, como ocurrió con varios productos de la canasta familiar en Venezuela. Asociado a lo anterior, puede ocurrir la disminución en la calidad del producto. Si los precios los fija el Estado, cualquier empresario disminuirá la calidad o el servicio con tal de compensar la pérdida.
El segundo problema es el aumento de la informalidad en el mercado. Si producir es más caro que vender, para cualquier empresario le será mejor vender sus productos en la economía informal, donde no tienen que cumplir con las regulaciones y tributos establecidos por el Estado. Si bien es cierto que en el caso de las aerolíneas esto sería muy difícil de implementar, lo más probable es que después de disminuir al máximo la calidad del servicio opten por terminar desapareciendo del mercado.
La tentación de controlar los precios es alta, pues fácilmente el Estado comenzaría a tener control sobre las empresas privadas. El peligro es que se comienza por un sector y fácilmente se traslada al resto de la economía hasta que se termina controlando un buen pedazo de la torta productiva y con ella se irían por la borda años de producción y construcción de empresas.
La salida a la crisis va por la disminución de tributos al sector turístico y transportador y la creación de incentivos para el sector. Si el turismo es una prioridad, debe demostrarse con más con hechos y menos con discursos.
