Cundinamarca, no Dinamarca

Durante buena parte del siglo XX el Estado bienestar europeo fue visto como la cúspide de la civilización moderna. Especialmente para los progresistas latinoamericanos. Educación gratuita, salud universal, pensiones generosas, amplias licencias laborales y una extensa red de subsidios. Era un modelo que supuestamente hacía al capitalismo más justo. Sin embargo, esa utopía se ha ido resquebrajando bajo el peso de unas finanzas públicas desbordadas.

Hoy, Europa enfrenta una crisis fiscal sin precedentes. En países como Francia e Italia el gasto público supera 50% del PIB y los déficits estructurales parecen imposibles de cerrar. Grecia fue el primer gran aviso al crear un Estado que prometió más de lo que su economía podía financiar. Pero no es el único. Alemania, tradicional bastión de la disciplina fiscal, tiene hoy un presupuesto presionado por las transferencias sociales, el envejecimiento de su población y los costos de la transición energética. Lo que alguna vez fue un contrato social sostenible, hoy es una camisa de fuerza presupuestal.

El problema de fondo es que muchas democracias otrora prósperas, han construido sistemas donde los “entitlements” -beneficios adquiridos- se han salido de madre y se han vuelto políticamente imposibles de revertir. Ningún gobierno sobrevive recortando beneficios y en cada ciclo electoral se amplía la lista de promesas. Una vez se otorgan ciertas gabelas, quitarlas se percibe como un atentado contra el ciudadano, incluso si su costo amenaza el futuro del Estado.

Colombia también ha caído en la trampa del estado bienestar. Gasta como país rico -Dinamarca- pero con ingresos de país pobre -Cundinamarca-. El sistema pensional, con edades de retiro bajas, ya se acerca a 4% del PIB. Las transferencias directas -Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor- cuestan billones, son abusadas por muchos y son políticamente intocables. A esto se suman los subsidios a los combustibles, que llegaron a $10,6 billones y a servicios públicos, que superan los $4 billones. Salud y educación crecen sin ganar eficiencia y el gasto burocrático se expande sin control. Es un Estado que promete más de lo que puede financiar y que si no corrige el rumbo, terminará hipotecando su porvenir.

El problema de no percatarnos de que vivimos en Cundinamarca y no en el país Escandinavo, es que en las últimas dos décadas el gasto público pasó de representar cerca de 17% del PIB a más de 30%, mientras el crecimiento económico promedio cayó de 5% a 2%. El déficit fiscal, que en 2015 rondaba 2,5% del PIB, supera hoy 6%, y la deuda pública pasó de 40% a 60% del PIB en una década. Los intereses ya consumen más de $85 billones anuales, desplazando la inversión en infraestructura. Esta dinámica erosiona la confianza de los inversionistas y eleva el costo del crédito soberano. Hoy Colombia emite bonos a tasas cercanas a 8% mientras que hace 10 años, cuando éramos un país disciplinado fiscalmente, lo hacíamos por debajo de 4%.

Si el gasto sigue creciendo por encima del ingreso, el deterioro fiscal será irreversible. El país debe entender que no estamos en Dinamarca y que la verdadera justicia social no se logra con subsidios eternos, sino con productividad, formalidad y crecimiento sostenible.