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La contratación en infraestructura es un ecosistema complejo que, en muchos casos, depende de la estabilidad y eficiencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). Entre estas compañías están las dedicadas a la consultoría e interventoría, que desempeñan un papel crucial en la vigilancia y gestión técnica de proyectos vitales para el desarrollo del país.
Sin embargo, la reciente coyuntura con el Instituto Nacional de Vías, Invías, nos muestra una cara menos conocida de este proceso: la vulnerabilidad financiera a la que están expuestas estas firmas cuando los pagos se retrasan.
En reciente rueda de prensa, Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, destacó las graves consecuencias que está generando el no pago de aproximadamente un $1 billón por parte del Invías a los contratistas. Subrayó que paradójicamente, los proyectos que se verían más afectados por esta falta de pago son aquellos que el Gobierno ha catalogado como prioritarios y estratégicos.
El desarrollo de los contratos de infraestructura sigue una ruta que con frecuencia es tortuosa para las empresas. Comienza con el trabajo directo, donde consultores e interventores despliegan personal altamente calificado para supervisar proyectos. Las nóminas de estos profesionales se pagan mensualmente, lo que implica un compromiso financiero constante para las empresas.
Una vez completado el trabajo, el siguiente paso es la generación de documentos de cobro, como las actas de interventoría e informes detallados que requieren la aprobación de la entidad contratante. Este proceso puede tomar fácilmente entre 45 y 90 días. Tras la aprobación, se emite la factura correspondiente, con lo que se inicia el cronómetro para el pago por parte de la entidad gubernamental.
Hoy en día, nos enfrentamos a una situación alarmante. Invías, encargado de la administración de una vasta red de carreteras y proyectos de infraestructura, acumula una deuda cercana al $1 billón con firmas dedicadas a la construcción de proyectos, así como empresas de diseño, consultoría e interventoría. Este retraso no solo afecta la liquidez de las compañías, sino que pone en riesgo la continuidad de proyectos clave, amenazando con una parálisis en la obra pública y el empleo de miles de personas. Las empresas afectadas, muchas de ellas con décadas de experiencia, están al borde del colapso.
No pagar a tiempo no es solo un incumplimiento de contrato; es un golpe directo a la viabilidad de estas empresas que operan con márgenes estrechos y que dependen de un flujo de caja constante para mantener sus operaciones y cumplir con sus obligaciones laborales y fiscales.
Imaginemos una firma de interventoría que ha supervisado la construcción de una carretera en una región apartada del país. El equipo ha trabajado ininterrumpidamente, asegurándose de que cada detalle cumpla con las especificaciones técnicas. Sin embargo, tras entregar sus informes y facturas, la empresa se enfrenta a meses de espera por el pago. Mientras tanto, debe seguir pagando salarios, impuestos y proveedores. Si la entidad no cumple con los plazos de pago, la empresa puede verse forzada a endeudarse, a menudo a tasas de interés elevadas, o peor aún, a despedir personal o cerrar operaciones.
Es imperativo que el Gobierno Nacional y las entidades como Invías reconozcan la urgencia de cumplir con sus compromisos financieros. La recomendación es clara: asegurar la disponibilidad de caja en las entidades gubernamentales para lo cual el Ministerio de Hacienda debe hacer los desembolsos necesarios, garantizando que la entidad cuente con los recursos suficientes para cubrir los pagos pendientes.
Además, se debe priorizar la eficiencia en los pagos, implementando mecanismos que agilicen la aprobación de facturas y el desembolso de recursos. Esto podría incluir un sistema de seguimiento y notificación de pagos que sea transparente y accesible para las empresas contratistas. Finalmente, es fundamental mantener una comunicación abierta con los contratistas sobre el estado de los pagos, permitiendo así una mejor planificación financiera por parte de las firmas.
La salud de la infraestructura del país depende tanto de la calidad de los proyectos como de la estabilidad de las empresas que los ejecutan. Es hora de que las entidades públicas entiendan que pagar a tiempo no es solo una formalidad contractual, sino una necesidad para el desarrollo sostenible de Colombia.