Asegurar el progreso

Los seguros en infraestructura son un mecanismo fundamental para garantizar la ejecución de proyectos y la estabilidad de las inversiones. Su presencia es clave para que tanto el sector público como el privado asuman compromisos con mayor confianza. Sin embargo, cuando las pólizas no responden adecuadamente a la realidad de los proyectos, pueden convertirse en una fuente de incertidumbre.

Uno de los problemas más críticos en infraestructura es la falta de pago por parte de las entidades públicas. En muchos contratos, el avance de obra depende de desembolsos estatales que no siempre se realizan a tiempo, dejando a los contratistas en una posición difícil. Aunque en teoría podrían suspender la ejecución si no reciben los pagos pactados, la presión por cumplir con los plazos y el riesgo de sanciones los obliga a continuar, asumiendo costos que no les corresponden. Para el sector asegurador, esta situación representa un dilema: en algunos casos, la falta de pago podría considerarse un incumplimiento del Estado, pero el modelo actual de garantías no protege al contratista frente a este riesgo.

El sistema de garantías en contratación pública, diseñado para asegurar el cumplimiento de los proyectos, tampoco está exento de cuestionamientos. Exigir garantías es una práctica estándar en la industria, pero su aplicación no siempre es proporcional a los riesgos reales de una obra. Un problema recurrente es la suficiencia de las pólizas. En proyectos aeroportuarios, por ejemplo, el aseguramiento de pistas y la gestión del riesgo asociado al tráfico aéreo han generado debates sobre quién debe asumir la responsabilidad en caso de incidentes. Con frecuencia, se imponen a las aseguradoras coberturas que no se ajustan a la realidad ni a las particularidades del proyecto, lo que puede derivar en conflictos entre concesionarios, aseguradoras y entidades públicas.

Los problemas causados por la improvisación en la contratación pública han empezado a generar una mayor preocupación en el sector asegurador. Las modificaciones contractuales arbitrarias, los cambios en la distribución de fondos y la falta de estudios previos rigurosos aumentan el riesgo de incumplimientos y sobrecostos. Cuando los contratos no cuentan con un respaldo técnico sólido, las aseguradoras enfrentan la difícil decisión de cubrir o no cubrir sin la certeza de que los proyectos fueron diseñados correctamente. La tentación de ajustar los términos de un contrato en plena ejecución, sin medir las consecuencias, puede desencadenar una cadena de responsabilidades que no siempre están claramente delimitadas.

El uso de la infraestructura también plantea desafíos importantes. Se han visto casos en los que carreteras diseñadas para ciertos niveles de tráfico terminan soportando cargas mucho mayores, acelerando su deterioro y generando disputas sobre quién debe asumir los costos de reparación. Para los contratistas, esto puede significar un riesgo injusto pues la obra no fue utilizada bajo las condiciones para las que fue contratada, mientras que para el sector público representa un problema porque las obras terminan dañándose mucho antes de lo previsto.

Un tema recurrente es el impacto de la corrupción en el sector asegurador. En el pasado, organismos internacionales han sugerido que las aseguradoras asuman riesgos relacionados con actos de corrupción, lo que generó una absoluta resistencia en la industria. Aunque esta idea fue desechada, demuestra cómo la corrupción y la falta de transparencia pueden distorsionar el papel del seguro en infraestructura. Cuando las reglas del juego no son claras y se imponen coberturas desproporcionadas, el resultado es una mayor carga financiera para los contratistas y, en última instancia, un encarecimiento de las obras.

La estabilidad y el desarrollo de la infraestructura dependen de un equilibrio entre las partes involucradas, donde el sector asegurador desempeña un papel clave al permitir una correcta transferencia de riesgos. Sin embargo, este mecanismo solo es efectivo cuando el Estado asume su responsabilidad en la identificación, evaluación y gestión de sus propios riesgos, contando con equipos técnicos capacitados que definan modelos de cobertura precisos y adecuados a la realidad de cada proyecto. La estabilidad jurídica de los contratos, la claridad en la distribución de responsabilidades y la transparencia en la contratación son esenciales para generar un entorno de confianza que garantice la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos que impulsan el desarrollo del país.