La prioridad debe ser la soberanía

Sucesivos errores de política energética nos han conducido al escenario actual, en el que los usuarios están pagando los platos rotos de decisiones que no estuvieron a la altura de las necesidades del país. Ante un déficit inminente, desestimar de entrada alternativas para asegurar la oferta sería una irresponsabilidad. Sin embargo, flexibilizar la logística a corto plazo no equivale a ceder la soberanía energética. Importar gas puede ser un salvavidas coyuntural, pero convertir una medida de emergencia en una dependencia estructural, especialmente en un mercado de alta volatilidad geopolítica, implica simplemente cambiar una vulnerabilidad por otra.

La inclusión de la rehabilitación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte en la lista de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) reactivó un expediente que parecía archivado: la compra de gas a Venezuela. Lo que en la administración de Gustavo Petro fue una tentativa truncada por barreras operativas y políticas, reaparece hoy en la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella bajo un entorno internacional muy distinto. El ajuste en el régimen de sanciones de Estados Unidos y la recomposición de los flujos comerciales con Caracas han cambiado la geopolítica del proyecto, pero están lejos de haber despejado las dudas de fondo sobre su viabilidad técnica, contractual y financiera.

Pasar de los anuncios a las moléculas de gas exige superar un campo minado de variables técnicas y contractuales. El gasoducto Antonio Ricaurte lleva años en abandono operacional, por lo que su reacondicionamiento requerirá inversiones cuantiosas y tiempos de ejecución incompatibles con un déficit inminente. Pero los cuellos de botella verdaderos están en la letra menuda: la indispensable sombrilla de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para blindar a Ecopetrol frente a sanciones de Washington, la estricta compatibilidad química que exige el mercado colombiano, sensible a los niveles de azufre y dióxido de carbono del gas de la cuenca del Lago de Maracaibo, y la estructuración de un modelo comercial que garantice precios competitivos y continuidad en la entrega.

Frente a la hoja de ruta de la ministra María Nohemí Arboleda, que calcula obras en el último tramo de 2026 y operación a mediados de 2027, la cautela debe primar sobre el entusiasmo. Colombia ya recorrió este camino. El pacto original de exportación de gas hacia Venezuela no solo incrementó sus volúmenes de 50 a 150 millones de pies cúbicos diarios, sino que extendió sus plazos hasta 2016 sin que el país vecino honrara el compromiso de devolución pactado para 2013. Aquella experiencia dejó una lección que no admite amnesia: la soberanía del sistema no se negocia sobre expectativas. Antes de girar la válvula del Antonio Ricaurte, el gas debe estar probado en pozo, la infraestructura auditada e indemnizada por garantías bancarias reales. Caer en la misma prisa del pasado sería condenarnos a exportar seguridad e importar incumplimientos.

Mientras el país se debate en la logística de importar gas por la frontera, evade la discusión estructural: cómo recuperar la autosuficiencia a largo plazo. La reposición de reservas y el impulso a la exploración no pueden seguir subordinadas a los apuros de la coyuntura. Importar puede servir como un puente transitorio, pero jamás como reemplazo de una política nacional de hidrocarburos. La prioridad estratégica debe seguir siendo el desarrollo de nuestras propias reservas off-shore y continentales. No podemos permitir que la urgencia de hoy sacrifique el futuro del suministro nacional.