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A primera vista, el proyecto de Nuevos Marcos Tarifarios para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que adelanta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, UAE-CRA, se percibe como una respuesta a los desafíos que enfrentan los prestadores del servicio, alineada a criterios ambientales. Sin embargo, al aterrizarlo en la realidad nacional, esta nueva metodología tarifaria, cuestionada por su falta de transparencia y soporte técnico, se revela como una amenaza para la estabilidad del servicio público de aseo en Colombia.
Uno de los aspectos más debatidos de la propuesta radica en la posibilidad de que la actualización tarifaria, paradójicamente, traslade mayores costos a los usuarios que pretende proteger. Asimismo, se cuestiona la falta de transparencia y la escasa participación en el proceso de construcción del marco regulatorio, y el hecho de que también, se están modificando parámetros esenciales del sistema sin una evaluación técnica e integral de su impacto en los actores del sector.
Otro de los puntos sensibles es el rediseño del esquema de remuneración de costos eficientes. Si bien en teoría este cambio pretende incentivar una mayor eficiencia en la prestación del servicio, en la práctica plantea una metodología uniforme que se aplica por igual a contextos tan diferentes como el de Bogotá y el de un pequeño municipio. Esta visión homogénea del país puede resultar en tarifas artificialmente bajas en zonas de alta complejidad operativa, y en consecuencia, trasladar el riesgo financiero a los prestadores del servicio.
A lo anterior se suma la poca claridad sobre el tratamiento del componente de aprovechamiento y la gestión integral de residuos sólidos. En momentos en que el país impulsa la economía circular y exige mayores metas de reciclaje, la regulación no puede limitarse a un enfoque contable del servicio. Es necesario entender que los modelos de aprovechamiento requieren incentivos claros, estabilidad normativa y un marco que garantice la sostenibilidad de los recicladores de oficio y de los operadores que invierten en infraestructura ambiental.
Más preocupante aún es el debilitamiento del principio de confianza regulatoria. Las reglas de juego del sector no pueden cambiar con tal nivel de incertidumbre. Las empresas necesitan horizontes claros para planear inversiones y cumplir con las exigencias de cobertura y calidad. Una regulación que se perciba volátil o técnicamente inconsistente no solo frena proyectos, sino que deteriora la credibilidad institucional de la propia CRA.
No se trata de oponerse a la actualización normativa. Es evidente que el país requiere ajustes en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, pero estas actualizaciones deben partir de un diagnóstico técnico transparente, de escenarios comparativos y de una verdadera discusión con los actores del sector. Una regulación legítima es aquella construida desde la evidencia, no desde la improvisación.
Si el país quiere avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más moderno y sostenible, la regulación debe ser un puente, no un obstáculo. Hoy más que nunca, se requiere una CRA que escuche, analice y rectifique antes de que una mala fórmula tarifaria termine barriendo con la estabilidad de todo un sector.
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