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“El desarrollo exitoso es siempre resultado de una buena combinación entre Estado, mercado y sociedad”

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Recibo con inmenso orgullo y satisfacción esta distinción que me otorga hoy esta benemérita Universidad, cuyas raíces se hunden en lo más profundo de la historia de España. La sola mirada a los profesores que han pasado por estos claustros, a quienes se han graduado de ellos y quienes han recibido la distinción que me engalana hoy me llena, al mismo tiempo, de una profunda humildad. Me complace recibirlo como motivo de los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en compañía de mi amigo, Edmund Valpy Fitzgerald, a quien me han unido visiones económicas desde hace muchos años. A esta Universidad me une la amistad con varios de sus profesores, muy especialmente con José Antonio Alonso, ex-Director del ICEI, con quien he escrito y editado ya varios trabajos. Me une, además, el cariño por haber sido el centro de estudios de la mayor de mis hijas, Rocío Macarena.

 He ejercido mi vida profesional como economista, tanto en la academia como en la vida pública. Sin embargo, también fui educado y recibí el título de sociólogo. Como historiador económico he leído con pasión muchos textos y he trabajado con investigadores de otras ramas de la historia. El contacto con la política me hizo, además, aficionado a la lectura de textos de ciencia y filosofía políticas. He participado en múltiples discusiones con dirigentes políticos y sociales de mi país, de América Latina y del mundo, y hace pocos años co-dirigí un análisis de la política en América Latina organizado conjuntamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, y publicado en 2010 como Nuestra Democracia. Por todo ello, más que un economista me he considerado siempre como un científico social, en el sentido amplio del término.

  He tenido la suerte no solo de enseñar en centros académicos de primera calidad sino también de visitar muchos otros en el mundo entero. He mezclado esta labor académica con la vida pública, que me ha brindado la oportunidad de ocupar altos cargos en el gobierno de mi país, Colombia, de dirigir una institución regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y una mundial, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Al finalizar mis labores en la ONU retorné a la academia, a la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, pero he seguido trabajado con múltiples instituciones internacionales y con el gobierno de mi país y otros latinoamericanos, y en la actualidad presido el Comité de Políticas de Desarrollo de la ONU. Tuve, además, la oportunidad de participar hace un par de años como uno de los dos candidatos de países en desarrollo, en la primera competencia abierta para la Presidencia del Banco Mundial. 

La doble experiencia, teórica y práctica, pero a su vez la participación en procesos nacionales, regionales y mundiales, ha enriquecido mis escritos, alejándolos tal vez de los análisis abstractos pero, a mi juicio, acercándolos a la realidad. Me ha permitido, además, agregar una perspectiva mundial a los análisis sobre los países de América Latina, incluida Colombia, a los cuales he dedicado una gran parte de mi investigación.

Tanto la vida académica como la vida pública me han dado inmensas satisfacciones. Los desafíos han sido también considerables, especialmente los que enfrenté en la vida pública nacional. Pero es la vida académica la que me ha dado los principales honores, en especial el Premio Leontief al avance de las fronteras del pensamiento económico, que recibí en 2008, y dos premios por mis obras de historia económica: uno temprano, el Premio Alejandro Ángel Escobar, el principal premio de ciencias en mi país, por la obra colectiva que dirigí, Historia económica de Colombia, por lo demás el libro más leído en su género en Colombia, y más recientemente el Premio que lleva el nombre del gran historiador catalán, Jaume Vicens Vives, que otorga la Asociación de Historia Económica de España, por El desarrollo económico de América Latina desde la independencia, la obra que publiqué en 2012 con mi colega uruguayo Luis Bértola. A ellos se agrega, como es obvio, la distinción que me engalana hoy y el doctorado honoris causa que recibí del alma mater de mi país, la Universidad Nacional de Colombia, hace casi exactamente un año.

La mezcla de vida académica y de vida política me ha llevado a defender por el mundo entero principios básicos del desarrollo económico y social, que vale la pena recordar en esta ocasión, si se quiere como expresión de la filosofía que ha guiado mi trabajo. El más importante es que el desarrollo exitoso es siempre resultado de una buena combinación entre Estado, mercado y sociedad. Intentar suprimir los mercados conduce a graves ineficiencias y a la pérdida de dinamismo económico. Intentar avanzar sin el Estado lleva a resultados distributivos injustos, a una macroeconomía inestable y a una diversificación productiva insatisfactoria, que termina por bloquear el desarrollo económico. Pero Estado y mercado son instrumentos de y para la sociedad, que los moldea con base en los acuerdos sociales y políticos que prevalecen en cada momento histórico.

Es más, la combinación específica de Estado, mercado y sociedad debe ser decidida con base en procesos democráticos. Esto implica, igualmente que, pese a su importancia para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, una buena tecnocracia no puede ser ajena a las voluntades ciudadanas expresadas a través de la vida política, un tema al cual me referiré de nuevo más adelante. Significa, además, que no es función de los organismos internacionales imponer modelos específicos de desarrollo a los países, un error que algunos han cometido con demasiada frecuencia.
El desarrollo es, por otra parte, un proceso integral que incluye las dimensiones económica, social y ambiental, los tres pilares del desarrollo sostenible, en el sentido amplio que Naciones Unidas le ha dado a este término.

El desarrollo económico debe entenderse como un proceso persistente de cambio estructural que, en caso de ser exitoso, permite la incorporación de un creciente contenido tecnológico a la producción. De ahí la importancia de construir sistemas educativos y de ciencia y tecnología de alta calidad y el papel central que ocupa el sistema universitario en esta tarea.

El objetivo último del desarrollo es un mayor y más justo bienestar humano dentro de un principio de igualdad social, consagrado ante todo en los cuerpos de derechos. Las declaraciones de derechos humanos, no solo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales, son el principal aporte al mundo contemporáneo de la institución a la cual dediqué casi diez años de mi vida, Naciones Unidas.

El desarrollo humano es mucho más que la generación de capital humano: su objetivo básico es ampliar el espacio de la libertad. Este es precisamente lo que, siguiendo los conceptos de Franklin Delano Roosevelt, reza en el preámbulo de la carta de ONU, que señala el compromiso de las naciones de “promover el progreso social y elevar el nivel de vida [de los pueblos] dentro de un concepto más amplio de la libertad”. Este es, además, el concepto que ha desarrollado contemporáneamente el economista y filósofo Amartya Sen, especialmente en su libro “El desarrollo como libertad”. Eso se logra con un sistema económico incluyente que brinde oportunidades a todos y con el desarrollo de sistemas universales de bienestar social.

En sociedades altamente desiguales, como las latinoamericanas, el desafío de la igualdad y la inclusión social es un reto enorme. Exige concentrar la atención en mejorar la situación de los pobres y otros grupos marginados, pero también, y con igual fuerza, lograr la igualdad entre hombres y mujeres y abrir posibilidades de consolidación a la creciente clase media a la que aspiran todas las naciones.

Garantizar estos objetivos no solo implica compensar los resultados del mercado y otros factores sociales que generan o reproducen las desigualdades. Exige incorporar los objetivos sociales en la formulación misma de las políticas económicas, ubicando en el centro de la agenda económica la creación de empleos dignos, instituciones de bienestar bien desarrolladas y la economía del cuidado.

Este enfoque es también aplicable al pilar ambiental del desarrollo. Las intervenciones orientadas a contrarrestar los daños generados por la economía al medio ambiente no son suficientes. Las preocupaciones ambientales deben asimilarse completamente en la formulación de las políticas económicas, es decir, en la estructura de incentivos que impulsa las decisiones de los agentes. Solo entonces puede compatibilizarse el desarrollo económico con las contribuciones que deben realizar los países para mitigar el cambio climático y preservar los bosques naturales y la diversidad biológica con la que aún cuenta nuestro planeta y que los países mega-diversos, como el mío, guardan algunas de las joyas remanentes.

La cooperación internacional ha ocupado gran parte de mi tiempo en los últimos quince años, tanto por mis labores en Naciones Unidas como por mi trabajo académico posterior, a través del cual he intentado entender los objetivos de la cooperación y de proponer principios para la gobernabilidad (o gobernanza) internacional.

Los principales objetivos de la cooperación internacional son, por supuesto, los tres pilares sobre los cuales está construida Naciones Unidas: paz, derechos humanos y desarrollo. Sobre la naturaleza de esta última forma de cooperación, he desarrollado una tipología propia, que distingue tres objetivos diferentes: el manejo de la interdependencia entre las naciones, los acuerdos sobre estándares sociales básicos de corte universal y la reducción de las desigualdades económicas internacionales. Esta tipología avanza sobre las previas, y especialmente sobre el concepto de “bienes públicos internacionales”, que ha hecho amplia carrera pero que, a mi juicio, solo comprende estrictamente la primera de estas formas de cooperación.
El problema principal que enfrenta la gobernabilidad internacional es la tensión entre el carácter mundial de muchas de las fuerzas que nos afectan y el carácter nacional o en muchos casos incluso local de la política. En efecto, fuerzas como la globalización financiera, la tendencia al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso o el cambio climático son procesos internacionales fuertes, incluso de carácter global. Por el contrario, los espacios de la política siguen siendo nacionales e incluso han retrocedido en esa dirección durante la crisis de los últimos años en la región del mundo que todos veíamos en tránsito hacia la creación de algunos espacios democráticos transnacionales: la Unión Europea.

¿Cómo compatibilizar estos dos fenómenos? Lo primero es reconocer que la cooperación tiene que estar basada en un firme respeto por la autonomía de las naciones, pero obviamente dentro de los límites de la interdependencia y el acatamiento de los objetivos y principios que hemos acordado como comunes de la humanidad. Estos últimos son notablemente, repito, los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales, que incorporan la lucha contra la pobreza y la desigualdad en todas sus dimensiones.

Estos principios exigen construir una estructura de gobernabilidad basada firmemente en el principio de subsidariedad, para utilizar un concepto plenamente europeo, así como lo que he denominado una arquitectura internacional densa, que incluya no solo instituciones de carácter mundial sino otras de carácter regional y subregional; esto último es esencial para que la voz de los países pequeños y medianos se escuche con mayor fuerza. Exige también superar la tensión entre la eficacia y la legitimidad de las instituciones, que solo la puede dar la participación equitativa de todos los miembros de la comunidad internacional. En ese sentido, organismos ad-hoc como el Grupo de los 7 o de los 20 –el “multilateralismo de elite”, como lo he caracterizado en mis trabajos— no pueden ser sustitutos de organizaciones más representativas, como se propone a menudo en aras de la eficacia. 
Esa institucionalidad exige también dar la participación adecuada de los países en desarrollo en la gobernabilidad mundial, superando el “pecado original” de las instituciones internacionales de postguerra, que al mismo tiempo que dieron paso a la arquitectura de cooperación internacional más elaborada de la historia, mantuvieron algunos esquemas de desigualdad derivados del orden colonial que la precedió. Por último, pero no menos importante, exige crear mecanismos de rendición de cuentas y, en últimas, el cumplimiento efectivo de los acuerdos internacionales, una de las dimensiones sobre las cuales hemos avanzado menos. Más aún, en algunas áreas, y notablemente en el cambio climático pero incluso en la cooperación macroeconómica y financiera, poco se logrará si no se avanza hacia mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo de los acuerdos internacionales.

Déjenme agregar unas reflexiones finales sobre uno de los temas más complejos que enfrenta la disciplina que he practicado a lo largo de mi vida. Me refiero a la fuerte incidencia de la ideología en el análisis económico y, peor aún, de los intereses económicos concretos a los cuales sirven algunos economistas. Cuando la ideología es la guía del análisis o cuando se sirven intereses, la economía difícilmente puede caracterizarse como ciencia. El problema más amplio es la incapacidad de todo economista (y, por supuesto, me incluyo) de excluir sus valores y principios normativos de los análisis que realizan. Por ello es imposible que el discurso económico sea neutro y por eso nuestra rama del conocimiento, como todas las ciencias sociales, se organiza en escuelas, con lecturas diferentes sobre la realidad y recomendaciones diferentes sobre qué hacer en la vida pública. Más aún, cada paradigma de conocimiento contiene referentes que son incomprensibles por fuera de su propio contexto e incluso, puede decirse, impiden entender afirmaciones que hacen otras escuelas de pensamiento sobre la base de sus propias lógicas, lo que se pueden denominar los “puntos ciegos” de las escuelas de pensamiento.

La incidencia de los principios normativos sobre el análisis económico tiene dos implicaciones importantes. La primera es que si la economía quiere reclamar su carácter científico debe ser por su referencia a la realidad. El análisis de la información estadística es, por ello, la esencia misma de la economía como ciencia. Por el contrario, la pura lógica deductiva no es suficiente guía. Los modelos matemáticos solo son útiles cuando tienen como referencia la interpretación de la realidad. Poco contribuyen al avance del conocimiento modelos matemáticos que, más allá de su sofisticación, meramente reproducen en sus resultados la lógica que está implícita en los supuestos de los cuales parten. Por ejemplo, en el campo que yo más he trabajado, la macroeconomía, muchos modelos suponen una racionalidad que no parecen demostrar en general los agentes económicos y horizontes inter-temporales que ignoran que el futuro es esencialmente impredecible. Los modelos más simples, que parten de “hechos estilizados” sobre el comportamiento de los agentes, pueden ser, por ello, una mejor guía para entender la realidad macroeconómica.

  La segunda implicación de mi análisis es que es esencial fomentar el pluralismo en la enseñanza y la práctica de la economía. En la medida en que todas las escuelas de pensamiento ayudan a entender la realidad, pero también tienen “puntos ciegos”, el pluralismo enriquece el debate y, sobre todo, la comprensión de la realidad. Por eso, la enseñanza de la economía debe promover la exposición a diferentes escuelas de pensamiento. Mucho debo yo personalmente a una educación de este tipo, que no solo me expuso al análisis keynesiano y neoclásico, sino también al estructuralismo latinoamericano, a los debates de los economistas clásicos del desarrollo y al marxismo. Esto es extensivo a la elaboración de la política económica: el contraste entre diferentes escuelas es útil también en este campo. Pero aquí hay un corolario adicional: la política económica tiene que obedecer a reglas que van más allá de las contribuciones de la ciencia económica: a una elección de la democracia y no a la mera lógica de las distintas aproximaciones tecnocráticas.

A estas consideraciones agregaría dos. La primera es la importancia en la formación de los economistas en historia económica. No lo digo por el prurito de entender el pasado, que ha sido en cualquier caso un placer personal, sino también porque siempre me ha parecido imposible entender el presente sin comprender el pasado. La segunda es la necesidad de abandonar la visión del conocimiento económico como un avance lineal, que lleva a muchos a considerar como obsoleto leer a los economistas clásicos y muchas veces, debo decir, a repetir, por lo demás con imperfecciones, lo que ellos ya analizaron. Como profesor, me impresiona la poca relevancia que se le da en los programas de estudio tanto a la historia económica como a la historia del pensamiento económico, y lo ignorantes que son los estudiantes de autores clásicos, como Albert Hirschman o Raúl Prebisch, para mencionar dos de mis economistas del desarrollo preferidos, y el conocimiento de otros solo por lo que se dice sobre ellos, como tiende a ser el caso del macroeconomista más importante de todos los tiempos, John Maynard Keynes.

Esto es, en síntesis apretada e incompleta, lo que he aprendido a lo largo de esta mezcla de vida académica y pública, y lo que he querido aplicar a lo largo de mi vida pública, tanto nacional como internacional. A través de ello, espero haber aportado al menos algunos granos de arena a la construcción de una mejor sociedad.

Esta ocasión es también propicia para los recuerdos y las añoranzas. Debo a mi padre el amor por la vida universitaria, el sentido de responsabilidad y el rigor en el trabajo. A mi madre, muy precozmente fallecida, le debo muchas cosas, entre ellas el haber cultivado mi amor a la lectura desde niño. A mis hermanos les debo el cariño y la solidaridad con mis causas a lo largo de mucho tiempo. Tengo una gratitud eterna con muchos profesores, pero muy especialmente con Carlos Díaz-Alejandro, economista cubano y director de mi tesis doctoral, también precozmente fallecido, quien me enseñó a ejercer esta mezcla de economista e historiador económico que he practicado desde que fui su alumno.

Entre las inmensas satisfacciones que trae la vida académica, una de las mayores es poder escribir con quienes han sido sus maestros. Esa gratitud la tengo en particular con los Profesores Joseph Stiglitz y Lance Taylor, con quienes he escrito libros y ensayos. A su vez, eso mismo lo he practicado con muchos de mis estudiantes, especialmente colombianos, varios de los cuales han ocupado después altos cargos en la vida pública.

A mi esposa, Ana Lucía, le debo todo. Su inmenso amor me permite vivir con alegría y su apoyo ha sido decisivo en momentos difíciles. A ella le debo en particular el excesivo tiempo que dedico a trabajar, una deuda que ya es, por supuesto, impagable. Mis hijos, Rocío Macarena, Juan Camilo y María José, son el sentido de mi vida y mi esperanza, la expresión concreta de lo que significa la continuidad de nuestra sociedad.

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