Progresividad débil

En materia de impuesto a la renta la propuesta de reforma tributaria del Gobierno tiene una progresividad débil. Ello significa que la tarifa crece con el ingreso, pero su ritmo va disminuyendo. La progresividad fuerte se presenta cuando la tarifa sube de manera exponencial a medida que aumenta el ingreso.

La reforma presentada por el ministro Ávila tiene la siguiente secuencia tarifaria. Las personas naturales con un ingreso mensual de $4,5 millones, pagan una tarifa de 19%. Para quienes tienen un ingreso de $7 millones la tarifa es de 29%. Si el ingreso es de $17 millones la tarifa sube a 35%. En otras palabras, en el rango de ingresos que va desde $4,5 millones a $17 millones, la tarifa sube 16 puntos de manera exponencial. Allí se concentra la progresividad del sistema. El panorama es muy distinto a partir de los $17 millones, ya que el ritmo de crecimiento de la tarifa disminuye. Si el ingreso mensual es de $36 millones la tarifa es 37%, si el ingreso es de $79 millones la tarifa es de 39%, y si el ingreso es de $128 millones en adelante la tarifa se estanca en 41%. En estos rangos superiores la tarifa apenas sube 5 puntos. Claramente, el sistema tributario pierde progresividad a medida que la escala de ingresos aumenta, y la tarifa se detiene en $128 millones, sin importar el monto de ingresos.

Tanto en la reforma tributaria anterior, presentada por el exministro Ocampo, como la actual liderada por el ministro Ávila, no se logra pasar de la progresividad débil a la progresividad fuerte. Hay limitaciones estructurales para hacerlo y, entonces, la única posibilidad de modificar la distribución del ingreso es afectando duramente a la clase media. Por esta razón la tributación difícilmente mueve el coeficiente de Gini hacia abajo. Los grandes ricos terminan con una tarifa del impuesto a la renta del 41%, independientemente de su nivel de ingresos.

A finales de los años ochenta, cuando todavía se creía en las bondades del Estado del Bienestar, en los rangos de ingresos altos, las tarifas marginales del impuesto a la renta de los países europeos estaban alrededor del 90%. Estas estructuras tributarias presentaban una progresividad fuerte. En los últimos 30 años las tarifas han bajado, y como el gasto público no se reduce, los saldos de deuda pública de todos los países continúan aumentando.

Los diferentes gobiernos, y claramente el colombiano, tienen mucha dificultad para hacer tributar a los grandes ricos. Las administraciones tributarias les pierden la pista a esas fortunas, ya que los ingresos dependen cada vez menos del salario y se concentran en operaciones inmobiliarias, bursátiles, o en movimiento de capitales a través de los paraísos fiscales. Por esta razón, Piketty a nivel internacional y Garay-Espitia en el caso colombiano, han insistido en mirar la riqueza del uno por 1.000, del uno por 10.000, del uno por 100.000, abandonando la distribución por deciles, que no permite conocer lo que está sucediendo con los súper súper súper ricos. Cuando se desagrega la distribución se observa que la tarifa efectiva del impuesto a la renta de los grandes ricos apenas es del 5%. La tributación casi no los toca.

Existen, entonces, unas restricciones estructurales que no permiten que las mayores fortunas tributen de manera adecuada. En opinión de Piketty, esta situación únicamente se soluciona si hay acuerdos internacionales que obliguen a pagar impuestos a las grandes fortunas.