Analistas

La vía fácil

El gobierno optó por la vía fácil, y presentó a consideración del Congreso un proyecto de ley de una reforma tributaria que no es estructural, no es integral y no es equitativa. Se optó por la vía fácil, que consiste en ampliar el número de contribuyentes, elevar la carga para los grupos de ingresos medios, subir el IVA, y no tocar la propiedad ni la riqueza.

Para que en las actuales condiciones del país una reforma sea estructural debería cumplir dos condiciones. La primera es considerar de manera explícita el balance neto impuestos/subsidios, desde el punto de vista de los hogares. Tanto en el informe de la Comisión de Expertos, como en la exposición de motivos presentada por el gobierno, se pone en evidencia la necesidad de evaluar el impacto neto de la reforma considerando el balance entre impuestos y subsidios. Aunque se reconoce el impacto que tiene esta relación en las condiciones de vida de los hogares, el proyecto de reforma tributaria no hace ninguna consideración sobre dicho balance. La segunda condición para que una reforma sea estructural es su capacidad de modificar de manera significativa las relaciones factoriales. Ninguna reforma tributaria es neutra, así que su incidencia sobre la relación entre los factores productivos (capital/trabajo) es inevitable. El proyecto no hace nada por tocar las relaciones factoriales en el campo que son la principal causa de la falta de competitividad y de atraso del país.

La reforma sería integral si hubiera considerado de manera sistemática la relación entre los gobiernos local y nacional. La Comisión de Expertos propuso examinar los impuestos locales y su relación con la tributación nacional. El proyecto presentado por el gobierno apenas hace referencias muy marginales a algunos impuestos locales, sin proponer cambios sustantivos. El país sigue desconociendo las potencialidades que tienen los impuestos al suelo y a la dinámica urbana.

Y la reforma no es progresiva porque dejó de lado al 10% más rico. La Comisión de Expertos, siguiendo a Piketty, mostró que este grupo de la población tiene el 20,5% del ingreso nacional, y que la parte del ingreso gravada apenas es del 11,7%. A pesar de que estas constataciones no dejan duda, el gobierno decidió no incomodar a los ricos. La tarifa del impuesto a la renta se aplana a medida que sube el ingreso, en lugar de volverse exponencial. Y la mayor pendiente de la tarifa se encuentra en los rangos medios. Al no tocar la propiedad y la riqueza, la reforma no es progresiva y, por tanto, no contribuye a la equidad. Es factible que la desigualdad siga aumentando, y que se desvirtúe uno de los tres pilares del plan de desarrollo: paz, educación y equidad.

Existen otras alternativas para hacer ajustes fiscales que sean progresivos. Islandia, por ejemplo, logró superar la crisis del 2008 gracias a que tomó medidas distributivas radicales. Entre el 2008 y el 2015 el Gini de los islandeses pasó de 0,29 a 0,23, así que una sociedad que ya era bastante igualitaria, aprovechó la crisis para mejorar, aún más, la distribución del ingreso y de la riqueza.

La propuesta de reforma tributaria no es el pilar sobre el que se pueda construir una paz estable y duradera. Se perdió la oportunidad de presentar alternativas fiscales que efectivamente lleven a la modernización del país, y a cerrar las brechas. Apenas es una reformita. Su pomposo título de “estructural” es desproporcionado. El gobierno opta por el camino fácil, y al escoger esta vía se equivoca porque pretende comprar una paz barata.