Analistas

Crecimiento verde

En la campaña presidencial se han puesto en evidencia dos miradas frente al futuro de la economía colombiana. En el acaloramiento de los debates se ha afirmado que Petro, el candidato más taxativo en la crítica al estilo de desarrollo extractivo, es muy radical.

Pero en realidad, las propuestas de Petro apenas siguen los lineamientos definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en 2011 en su libro sobre el Crecimiento Verde.

Para la Ocde la política pública de sostenibilidad del sector minero energético tiene tres ejes centrales: crecimiento verde, equidad y ordenamiento territorial. En Colombia, la Misión de Crecimiento Verde impulsada por Planeación Nacional, retoma los principios fundantes de la Ocde.

A pesar de las declaraciones del gobierno colombiano a favor de la Ocde, los candidatos, con excepción de Petro, temen hacer propuestas que favorezcan el crecimiento verde. Los cambios que ello implica en la forma de producir, y en términos de equidad, son tan profundos, que es mejor pasar de lado con el fin de no perder votos.

Para la Ocde, el crecimiento verde se plantea como una estrategia de “largo plazo”, que debe permitir alcanzar un “crecimiento económico sostenible”. La competitividad nacional y regional tienen que ser compatible con el desarrollo sostenible. El crecimiento verde exige cambios sustantivos en las formas de producir y de consumir. Y es necesario tomar decisiones radicales. Además de la regulación, el gobierno dispone del instrumento tributario, que es muy potente.

Si, por ejemplo, se quisiera desestimular la compra de carros privados bastaría con establecer un arancel a las importaciones, digamos, del 300%. Si se considera inadecuada la ganadería extensiva, se podría fijar un predial elevado (30 por mil) a las fincas que insistan en mantener una vaca por hectárea.

El gobierno opta por el crecimiento verde, pero no toma las decisiones que ello implica. En la última reforma tributaria se aprobó un impuesto de US$5 por tonelada de carbón. Stiglitz piensa que un tributo tan bajo no es suficiente para obligar a las empresas a transformar sus relaciones factoriales. Se debería llegar a US$50-US$80 por tonelada.

Para la Ocde no hay ninguna duda que la sostenibilidad tiene que estar acompañada de políticas distributivas radicales. Y refiriéndose a Colombia dice: “La dimensión ambiental debe tenerse plenamente en cuenta en las actuales iniciativas destinadas a enfrentar el desafío de la redistribución de la tierra. Además, es necesario realizar mayores esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales en los planes municipales de uso del suelo”.

En otras palabras, sin redistribución de la tierra no puede haber sostenibilidad ambiental. Y sigue la Ocde: “La distribución equitativa de la tierra y la reforma agraria son grandes desafíos políticos.

La incertidumbre sobre la tenencia de tierras por parte de pueblos indígenas, la toma ilegal durante el conflicto armado y el consecuente desplazamiento de más de 8% de la población han generado un nivel de concentración de la propiedad de la tierra que se ubica entre los más altos del mundo”. Los resultados del Censo Nacional Agropecuario confirman este diagnóstico. El Gini de concentración de unidades agropecuarias es de 0,93, según las estimaciones que ha realizado la Upra.