Que me multen a mí también

Escuche aquí el audio de esta columna

La Superintendencia de Puertos y Transporte confirmó la multa de diciembre pasado interpuesta a Uber por $344 millones. Según la autoridad, la multa se impone por “facilitar y promocionar” la prestación de servicios de transporte no autorizados oficialmente. La compañía había recurrido a una apelación de segunda instancia cuando se conoció inicialmente la decisión. El Ministerio de Transporte había nombrado un Superintendente Ad Hoc para el caso, ya que el titular, Javier Jaramillo, fue recusado por los abogados de la plataforma tecnológica.

La entidad informó que además de dejar en firme la multa, la empresa se expone a nuevas sanciones si continúa promocionando el servicio y desacatando las instrucciones de no hacerlo. Ya en 2015 había recibido una por US$451 millones.

El nuevo ministro Germán Cardona, que repite cartera pues estuvo en el primer gobierno Santos en ese mismo despacho, puede ser el hombre que resuelva finalmente la disputa entre taxistas tradicionales y Uber. En otras latitudes el enfrentamiento ha generado ataques violentos, accidentes graves y hasta muertos.

Uno entiende las razones económicas de los cupos, los impuestos iguales y el tamaño del mercado, como argumentos de los conductores tradicionales. Cabe recordar que esos conductores están impulsados por poderosos empresarios de taxis, que además les encanta jugar con su gremio en momentos de política y votos. Una cosa es tener razón parcialmente en un argumento económico, otra muy diferente es actuar con vías de hecho, con violencia, amenazas, chantajes, extorsión y los temibles abusos que pueden llevar a homicidios de conductores o pasajeros de Uber. Los usuarios sencillamente se cansaron de un modelo que hoy es obsoleto. Si alcaldes, Policía y políticos les tienen miedo a los taxistas, la ciudadanía no. Cada vez hay más usuarios satisfechos del sistema, así el Gobierno diga que sigue estudiando el tema y no ha podido, o no ha querido reglamentarlo.

En mi familia usamos el servicio. La aplicación funciona, los vehículos llegan, la aplicación entrega información en tiempo real y las tarifas son razonables en la mayoría de ocasiones. Los conductores se han caracterizado por tener los carros limpios, ponen buena música o emisoras de radio al gusto del cliente, y la facilidad del pago por vía tarjeta de crédito es un diferencial importante. No hemos utilizado el servicio Uber X, únicamente el tradicional de los vehículos especiales blancos.

También hemos usado Easy Taxi, Tappsi y otras plataformas indistintamente. El círculo cercano de familiares, amigos, colegas y conocidos también lo usa regularmente. Seguramente desde la óptica de la Supertransporte nosotros también somos ilegales por promocionar voz a voz y vía sistemas, como Whatsapp, los beneficios del servicio. Seguro si leen esta columna me van a enviar una multa a la dirección de notificación del Diario la República. No se han dado cuenta que los clientes satisfechos son el mejor sistema de mercadeo que tiene un producto o servicio. Ante algo que funciona, así sea con una tecnología disruptiva, el efecto de voz a voz es incontrolable.
Ministro Cardona bienvenido a acabar con este limbo jurídico. Si volvió es para arreglar el tema. Ya no más aplazamientos, excusas y dilaciones. Taxistas y Uber necesitan que el Estado se ponga firme y haga su trabajo. Por mi parte seguiré usando Uber, así me multen por hablar bien de ellos en esta columna y otros espacios.