Analistas

A las grandes mineras: minería sí, pero no así

Por amable invitación de sus organizadores, participé en un panel en el Congreso Nacional Minero 2017 -ACM-, evento que congregó a los representantes de la gran minería que opera en Colombia. Allí propuse un acuerdo nacional sobre el sector, a partir de un diagnóstico sobre lo que ocurre.

El gran aumento de las protestas ciudadanas contra la actividad minera y petrolera -de 238 a 338 eventos de 2015 a 2016-, lleva a concluir que el sector tiene perdida la llamada “licencia social”, es decir, el respaldo ciudadano a sus proyectos. Las causas de este hecho pueden debatirse, y van desde echarles la culpa a quienes se sataniza hasta reconocer que los tiempos y las ideas cambian, como ha ocurrido en el país. Entre otras razones porque, hoy por hoy, el cuidado del ambiente se convirtió en un gran valor de la sociedad, hay diversas aspiraciones e intereses entre la ciudadanía y pocos aceptan renunciar a sus derechos y someterse a la vieja teoría de que, como “llegó el progreso, se me van de aquí”.

Son tantos los cambios en marcha, que la Corte Constitucional -sentencias C-180/94, C-150/15 y T-445/16- ha señalado que los derechos de las personas y las comunidades sobre el suelo en el que habitan no puede ser desconocido por los derechos que esgrime la alta burocracia que representa el poder sobre el subsuelo y que, en consecuencia, entre otras cosas, las consultas populares llegaron para quedarse.

Ante esta nueva realidad, quedan dos opciones: negarla y aferrarse por la fuerza al pasado o reconocerla y trabajar con ella, adecuándose a los nuevos tiempos, construyendo un acuerdo nacional que se inspire en la máxima de que Minería sí, pero no así.

Minería sí quiere decir que puede y debe haber minería, por la razón última de que somos una especie minera, singularidad que está en la base de todo lo que caracteriza a los seres humanos. También debe entenderse como que en Colombia puede haber gran minería y trasnacionales, al igual que no debe nacionalizarse la economía ni eliminarse la propiedad privada.

El no así es una manera de señalar lo que hay que corregir. No debe mantenerse el veto ideológico en contra de la minería estatal, que evidentemente puede aportar. ¿Cómo estaría hoy el país sin Ecopetrol? Deben protegerse y respaldarse la minería artesanal y la pequeña y la mediana empresarial, a todas las cuales debe facilitárseles su formalización. El pago de los impuestos y las regalías correspondientes, al igual que otros costos, deben hacer parte de la contabilidad del negocio minero. Urge al respecto superar el absurdo de que no hay cifras iguales para todos y que cada uno carga las de su conveniencia en el bolsillo.

También debe haber un riguroso cuidado del ambiente, respeto que exige que todos en el sector asuman las mejores medidas para protegerlo y reconozcan que hay proyectos que no deben ejecutarse, y no solo en los páramos. Las mejores condiciones laborales deben ser parte de la economía minera, debe diseñarse una política oficial para agregarles valor a las materias primas mineras y la política económica debe renunciar a una minería que, en vez de sumarle, intenta el imposible de reemplazar el progreso industrial y agropecuario del país, que es la destructiva concepción en boga.

Es obvia la dificultad de lograr acuerdos sobre estos temas. Pero no alcanzarlos llevaría a aferrarse a un pasado que los colombianos repudian y que no se ve viable imponer en contra de argumentos superiores.