Los ricos de diez millones

Es difícil controvertir que Colombia, con un coeficiente de Gini de 0,544, es uno de los países más desiguales del mundo y que no estamos haciendo la tarea de mejorar tan vergonzosa realidad. Buscando quebrarle el espinazo a semejante disparidad, el gobierno que estrenamos presentó con alborozo su reforma tributaria, en la que aparece el ingreso de $10 millones mensuales (US$2.380 o 19 días de salario mínimo federal en los Estados Unidos) como la cifra mágica que traza la línea divisoria entre los colombianos “ricos” y los demás habitantes de este inequitativo feudo.

Diana es una profesional experimentada que trabaja hace ocho años en una entidad de salud y percibe un salario de $10 millones mensuales. Vive con sus dos hijos en un apartamento cómodo pero modesto en el occidente de Bogotá y paga una cuota hipotecaria cercana a los $3 millones mensuales que deposita en una cuenta AFC. Es una mujer responsable y austera que sufrirá la disminución de sus exenciones tributarias y como consecuencia de ello, seguramente deberá sacrificar el ahorro de $500.000 mensuales que guardaba con rigor para cubrir sus imprevistos.

Frente al apartamento de Diana vive una profesional independiente cuyos ingresos mensuales alcanzan $8 millones. Su marido es jefe de mantenimiento de una empresa industrial y devenga un salario de $7 millones cada mes. Los esposos terminaron de pagar su crédito de vivienda el año pasado, no tienen hijos y ahorran una buena parte de sus ingresos para comprar una vivienda más amplia y renovar sus dos automóviles. A pesar de que el ingreso familiar de la pareja es 50% superior al de su vecina, su impuesto de renta sumado es apenas la mitad del que paga Diana.

Don Rafael, otro de los vecinos, se pensionó hace tres años luego de una larga carrera en una fábrica de muebles. Su mesada es de $10 millones, de los que se descuenta una suma equivalente al triple de lo que se deduce a Diana por concepto de aportes obligatorios de salud. Además de estos aportes, el jubilado tuvo que contratar una póliza médica que le cuesta 20% de su mesada pensional, para garantizar un servicio adecuado para él y su esposa. Complementa sus ingresos con los cánones de arrendamiento de un pequeño local de su propiedad, que le renta $1,5 millones. Pasará de no pagar impuesto de renta a desembolsar alrededor de $3 millones anuales.

El padre Alberto es el párroco del barrio y nadie conoce la cuantía de sus ingresos. Disfruta de una comodísima vida porque su iglesia no paga impuestos. Sus feligreses se preguntan entre risitas maliciosas, si así es el voto de pobreza, ¿cómo será el de castidad? Con frecuencia se ve al cura comprando vinos, quesos y embutidos en la charcutería de César que surte su negocio con artículos de contrabando, no paga IVA y hace alarde de su condición de evasor alegando que “para que se los roben, es mejor no pagarlos”.

Estos ejemplos muestran que el objetable rasero de $10 millones fijado en el proyecto es caprichoso, arbitrario e inequitativo. Nadie cuestiona la necesidad de una reforma, pero su articulado actual, en lo que toca a las personas naturales, está lejos de luchar por la igualdad y la justicia social, que tan pomposamente pregona en su encabezado.