Reconocer y actuar

Es preciso reconocer que nuestras instituciones políticas no están bien, y ajustarlas a los requerimientos del país hoy. El primer paso es admitir la realidad; se evita con la premisa, falsa por supuesto, de que es demasiado complicado enderezar el camino, así sea más difícil convivir con los procesos públicos actuales.

Se debe aprovechar el consenso sobre la necesidad de reformar la justicia y no poder hacerlo por el camino previsto en nuestras normas, que es el Congreso. Hay que corregir causas, y no solo efectos.

Lo primero es definir bases: el Estado Social de Derecho es magnífico propósito, y el reconocimiento de los derechos fundamentales es elemento legitimador del orden.

Hay que conservarlos. Luego cabe preguntar si se debe asignar responsabilidad a los políticos profesionales y asegurar que tengan mejor perfil, para lo cual es indispensable tener partidos efectivos.

Después vienen las preguntas sobre si preservar la república unitaria, lo cual sería sensato pero con descentralización efectiva, que hoy no hay, y sobre si conviene liderazgo unipersonal o colegiado, más acorde con las exigencias del mundo actual.

Con respuestas razonadas a estos interrogantes se debe revisar cada artículo de la Constitución, del primero al último, y clasificarlos: unos deben seguir iguales, muchos exigen cambios importantes, otros tantos deben pasar a formar parte de leyes especiales, leyes ordinarias o actos administrativos, y se debe suprimir un buen número por inapropiados, redundantes, contradictorios con otros de más relevancia, o incluso por obsoletos.

El siguiente paso es comparar lo actual con lo que resultaría de la revisión, y diseñar el proceso de transición, el más fluido que se pueda ejecutar en tiempo razonable, no superior a un año.

El Presidente, quien debe asumir funciones simbólicas y ceremoniales en una solución moderna, no debe ejercer cargos públicos después de su término. El legislador debe asumir las responsabilidades de formar el gobierno con base en programas de partido serios y políticas de Estado; podría ser unicameral. En contraste, las máximas instancias judiciales deben ser vitalicias.

Se requiere asegurar congruencia en la jurisprudencia mediante la subordinación de las demás instancias judiciales a los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Corresponde al gobierno apoyar la gestión administrativa y tecnológica de la justicia, de forma que ésta se concentre en su oficio. Los procesos disciplinarios y el control deben atender criterios modernos: la responsabilidad primaria en ambos frentes debe corresponder a la administración.

La Fiscalía debe abstenerse de promover normas. Los miembros del cuerpo colegiado que sería la máxima instancia de la administración deben tener participación importante de profesionales independientes y reflejar diversidad en beneficio de la productividad del órgano.

Los habitantes de cada ciudad región deben definir sus estrategias de desarrollo, pero los métodos para evaluar diversas posibilidades en materia económica, social y ambiental deben cumplir pautas nacionales.

En la transición se debe identificar los programas y proyectos buenos existentes; abundan y se deben preservar. La Constitución debe ser de todos, clara y sencilla. Este criterio esencial no se puede cumplir con las instituciones y procesos públicos actuales. Es necesario actuar hoy para tener futuro.