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Analistas 27/03/2021

Proyecto inviable

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

En 2008, Ecopetrol se embarcó en una aventura absurda, el proyecto Bioenergy, en el cual se invirtieron más de US$700 millones para producir etanol a partir de la caña de azúcar en Meta. El primer error fue subestimar la dificultad para el cultivo de la caña en suelos con potencial productivo limitado, pluviosidad extrema durante ocho meses al año y sequía durante los otros cuatro; las primeras plantaciones no tuvieron la atención necesaria y la cosecha en época de lluvia fue desastrosa. Además la selección y adaptación de variedades de caña adecuadas se debería haber definido antes de comenzar la instalación industrial. De otra parte, la firma española Isolux, contratista de la planta, vinculada en 2010 mediante la modalidad llave en mano, no cumplió sus compromisos, lo cual desembocó en arbitramento en Houston, Estados Unidos, en 2014 con pronunciamiento adverso para Ecopetrol. Fue preciso cambiar contratista cuando todavía faltaba montar gran parte de la instalación.

La planta tiene capacidad para procesar del orden de 7.000 toneladas por día. Es similar a un ingenio de tamaño medio en el valle del Cauca, donde operan 15 unidades industriales, de las cuales 5 producen etanol. Bioenergy comenzó producción en 2017, casi 10 años después de haber comenzado el proyecto. Quizá el problema más serio fue la entrada al mercado nacional de etanol procedente de Estados Unidos, con el beneficio de libre importación sin impuestos bajo el TLC, con importantes subsidios del gobierno federal de ese país a partir de maíz, y con huella de carbono similar a la de la gasolina, lo cual lo hace ineficaz, en contraste con el etanol a partir de caña.

En 2020 se inició el proceso de reorganización empresarial según lo establecido por la Ley 1116; el promotor designado fue el presidente de la empresa, Walfredo Linhares. Ecopetrol decidió en forma sorpresiva abandonar la iniciativa pocas semanas después, y la Superintendencia de Sociedades nombró como liquidador al exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quien vinculó a la expedición al conocido gestor financiero Iván Darío Arroyave. La deuda consolidada de campo y fábrica, del orden de $600.000 millones, significaba que todo el patrimonio se había perdido, pues el valor de los flujos de caja futuros probables descontado a tasa similar a la de interés era inferior al saldo de los pasivos financieros. Los acreedores, liderados por Bancolombia, aprovecharon la orientación del liquidador a buscar solución rápida; en proceso muy rápido vendieron en forma directa todos sus derechos a un importante grupo azucarero guatemalteco. El futuro dependerá de las decisiones del comprador, con operaciones en diversos países y la experiencia necesaria para lograr el resultado apropiado. Lo cierto es que se ejecutaron con celeridad y transparencia las tareas de allegar información y preparar la empresa para venta con el fin de evitar la pérdida de los activos que resultaría del abandono, el liquidador consiguió la autorización necesaria para operar hasta junio, se cerró el negocio y el sistema bancario acotó sus pérdidas. Subsiste el motivo de reproche a quienes ejecutan proyectos sin los debidos estudios y planes acertados: no es sabio confiar en las meras intuiciones de las juntas directivas. Hacia adelante es necesario asegurar el buen gobierno corporativo en las empresas con mayoría estatal para evitar descalabros.