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Minería y desarrollo

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La minería puede impulsar el desarrollo sostenible. Lograrlo la puede legitimar, pero la tarea requiere el acompañamiento de lo público. En Colombia, el subsuelo es propiedad de la Nación, lo cual obliga a verificar la cantidad extraída del recurso no renovable valioso, en función de la cual se determinan ingresos importantes para el fisco. Más allá, la actividad debe incidir de manera positiva en las comunidades desde la perspectiva social y económica: debe facilitar la mejoría en la prestación de servicios de salud y educación y el crecimiento de la comunidad en materia de reglas de convivencia, debe ayudar a atender el adecuado crecimiento rápido del ámbito urbano local y debe ser consecuente con las reglas establecidas en materia ambiental. Cabe señalar que solo la última tarea requiere inversión considerable. Los demás propósitos se atienden con poco dinero, pero requieren visión y acción.

En general, las empresas cuya actividad está fundada en recursos disponibles en sitios específicos suelen construir relaciones de mutua dependencia en diversos planos, mucho más allá de lo formal, con las comunidades en las que están insertas. Sin embargo, hay diferencia capital entre las dedicadas al aprovechamiento de recursos renovables, con vocación de permanencia, en tanto que la minería tiene vida finita. En muchos casos, la operación termina porque el yacimiento se agota, en tanto que a veces el depósito pierde su valor económico. La tarea social del empresario minero es comprometerse con el futuro de la comunidad y aportar el más valioso elemento para el desarrollo armónico: el liderazgo.

En nuestro país, corresponde a la institucionalidad municipal la gestión de los recursos públicos destinados a salud y educación, inversión pública decisiva para tener futuro. Los riesgos de inadecuada gestión, incluida la tentación de desvío, deben mitigarse, y los empresarios, actores sociales importantes por su capacidad administrativa, deben involucrarse en la vida pública de los municipios; no para construir caudas electorales, pues incurrirían en conflicto de intereses con facilidad si lo hicieran, sino para promover, supervisar y apoyar la buena gestión de las autoridades en general, con especial atención a los recursos derivados de la redistribución de los ingresos corrientes de la Nación y la entrega de regalías.

La actividad extractiva puede contribuir a la construcción de conocimiento en lo relacionado con el depósito mineral respectivo, pero debe ir más allá y despertar la conciencia de las comunidades en las que está inserta, con esfuerzos que no cuestan dinero sino tiempo, pero aseguran tránsito apropiado de la condición de comunidad minera a la calidad de comunidad de servicios inserta de manera efectiva en la economía del país y el mundo. Impulsar ese tránsito desde el primer momento es la manera razonable de hacer minería. El acompañamiento del Estado en la tarea requiere instituciones públicas adecuadas en lo social y lo ambiental, pero también adecuada capacidad en la Agencia Nacional de Minería, hoy débil, centralizada y con orientación a generar ingresos para el Estado, y represión a la actividad ilegal por la Policía Nacional. Además, el gobierno debe ser prudente con el uso de los recursos y mitigar el efecto cambiario de la minería, adverso a la competitividad de las demás cadenas de valor. Los retos son complejos.

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