Analistas

Los cultivos ilícitos

Esa enorme extensión de cultivos de coca en Colombia, de 180.000 hectáreas, cuya erradicación parece imposible, es fruto de varias causas: la prohibición en los países desarrollados, un Estado incapaz de hacer efectivo el monopolio del poder coercitivo, pocas oportunidades para los habitantes de la periferia en Colombia y vicisitudes de la política acá y en otros países. Su examen puede orientar hacia políticas públicas acertadas.

Alterar los estados de conciencia con música, experiencias visuales o sustancias psicoactivas es inherente a la especie humana. Facilita la intuición de lo sublime. Sin embargo, el abuso de sustancias tóxicas puede traer la degradación. De allí la necesidad de reconocer, como en el caso del alcohol, la importancia de revisar los motivos y hacer de la educación el principal medio de prevención. EE.UU. ya vivió la experiencia: suprimió la venta de bebidas embriagantes en los años veinte del siglo pasado por más de una década, y eso alimentó el crimen organizado en forma desmedida. Es mejor reglamentar que prohibir.

El Estado en Colombia flaquea. La constitución de Lleras Restrepo, aprobada en 1968, centralista y tecnocrática, perdió vigencia en veinte años porque la sociedad se transformó; la reemplazó una nueva Carta, de impecables propósitos y procesos ineficaces, en 1991. Fuerzas subversivas llegaron a controlar más de la mitad del territorio, y establecieron relaciones con el narcotráfico internacional; los carteles mexicanos, dueños de la cadena de valor de la cocaína en América, se beneficiaron de la gestión territorial paralela. Entre tanto los partidos políticos tradicionales desaparecieron, y la necesidad para cada aspirante de financiar campaña para cargos de elección popular aumentó la corrupción a niveles intolerables. Por su parte, la justicia se contaminó con objetivos torcidos y la autonomía regional, propósito importante de la Asamblea Constituyente, fue ilusión fugaz.

El escenario nacional ha sido muy conveniente para el crimen organizado; si el Estado no ocupa el espacio que dejaron las Farc y ejerce el monopolio del poder coercitivo allí y en el resto del territorio el resultado puede ser aún más grave. La incapacidad de lo público para responder a los retos de la globalización es problema mundial, pero el caso de Colombia es dramático: la práctica de la violencia como forma de vida es relevante, lo ilícito fortalece en forma artificial la moneda, para perjuicio del aparato productivo, y se promueve la concentración del ingreso.

La sustitución es necesaria, pero requiere bases sólidas, con crecimiento rápido. El reto es disminuir la brecha entre lo que sería posible para la periferia y lo que hoy existe, con mejoras importantes en la calidad del gasto público nacional. Exige impulsar agricultura de escala industrial y pequeños cultivos de mucho valor agregado según el sitio y las circunstancias sociales, restituir selva tropical y al tiempo promover el turismo internacional con interés en la biodiversidad, y preparar al país para la ola migratoria del campo a la ciudad que resultaría del rápido crecimiento y las nuevas oportunidades que de él surgirían. Lo propuesto reduciría el problema del narcotráfico en Colombia, pero es urgente ilustrar a la población de los países ricos sobre los beneficios y costos de prohibir como medio para prevenir la intoxicación voluntaria. Se debe contratar un equipo multidisciplinario de académicos norteamericanos de reconocida reputación con sesgo de centro derecha para estudiar el asunto. Concluirán que hay otras estrategias mucho mejores.