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Analistas 04/12/2021

Instituciones y desarrollo

Gustavo Moreno Montalvo
Consultor independiente

La Corte Suprema convocó a la presidente de la Cámara de Representantes a rendir versión libre y espontánea por haberse encontrado, con apoyo de herramientas cibernéticas, serios indicios de plagio en su tesis de maestría en gobierno y políticas públicas. Esta conducta inaceptable no es aislada: abundan episodios reprochables de quienes tienen a su cargo hacer las leyes, tarea máxima de la democracia moderna.

En ausencia de verdaderos partidos políticos se ha entronizado la práctica de que el Congreso apruebe iniciativas de la administración porque median contraprestaciones de diversa índole a cargo del Estado. La justicia también tiene problemas: es lenta e ineficaz, y la Corte Constitucional es nombrada por el Senado, ente político, como culminación de proceso en el que participan Corte Suprema y Consejo de Estado, sus presuntas subordinadas en materia jurisprudencial. El sistema de control es vehículo de notoriedad para quienes lo dirigen, sin responsabilidad real.

Lo público suma más de 30% del producto interno bruto y funciona mal: el Estado debe ofrecer educación de buena calidad para lograr mejoras sustantivas en materia económica a largo plazo y reglas de convivencia apropiadas, y no lo hace; además debe hacer efectivo el monopolio de la fuerza en todo el territorio, lo cual no se cumple: la tasa de homicidios, 25 por 100.000 habitantes por año, es muy alta en el ámbito internacional, y el narcotráfico campea en la periferia; los recursos públicos no tienen incidencia significativa en la distribución del ingreso; el atraso en infraestructura es severo; los servicios de salud requieren más efectividad, que se puede lograr con uso acertado de tecnología de información; lo más grave, sin embargo, es la deficiente calidad de legislador y justicia, incompatible con el propósito de construir sociedad feliz.

El diseño de lo público en toda Latinoamérica podría ajustarse con facilidad para mejorar desempeño; sus sociedades han evolucionado más rápido que sus economías en décadas recientes y merecen el cambio. Colombia tendrá elecciones de importancia en unos meses. Sorprende la falta de propuestas importantes para reordenar lo público. Todo indica que a los aspirantes al trono criollo les parece posible el acierto a partir de diseños irregulares, que contradicen el propósito de materializar el Estado Social de Derecho. La actividad empresarial, por su parte, no está orientada a competir en los mercados internacionales con bienes y servicios de clase mundial consistentes con las ventajas comparativas relativas de las regiones, y ni las reglas ni la geografía política facilitan la construcción de consensos para canalizar recursos de manera congruente con el propósito de aprovechar esas ventajas.

La economía preocupa: el aumento de la deuda pública y la fragilidad de la balanza comercial son asunto serio. La protección no arancelaria, el marco normativo laboral atado al servicio de salud, y el complejo laberinto tributario son obstáculos para la eficiente asignación de recursos. El rediseño integral de las instituciones básicas aumentaría productividad, promovería mentalidad abierta y creativa, impulsaría inversión y ofrecería oportunidades para todos. La sociedad colombiana exige mejores procesos públicos; no va a resignarse con lo inaceptable. Es preciso pensar en grande, y más fácil arreglar lo existente que convivir con él.