Gobierno y economía en Colombia

El papel del Estado en la economía cambió en la práctica con la globalización, pero los gobiernos no parecen entenderlo. Colombia, cuyo sistema económico contemplaba protección importante para el aparato productivo, acompañó su apertura con cambios en los procesos públicos que dieron al traste con la laudable intención de hacer más eficiente la asignación de recursos. El país ha progresado mucho desde 1991, pero no por la gestión estatal, y la productividad es baja, la informalidad elevada y la desigualdad altísima, aún en el contexto de Latinoamérica. Además hay problemas serios en la calidad de la educación y la financiación de la salud.

La economía colombiana es de tamaño modesto y se ha orientado a productos básicos desde la apertura que se puso fin a la escasez crónica de divisas del país en el siglo veinte por los vaivenes de la economía cafetera. Ahora es preciso aclarar papeles y conciliar políticas. Así, una tasa de cambio débil haría más competitivos los subsectores de cadenas productivas de bienes transables a través de fronteras internacionales y los servicios de turismo, pero haría más difícil el pago de la deuda externa. Es tradición, por las limitaciones fiscales históricas, asignar prelación a la financiación del gasto del Gobierno, así sea de mala calidad. Por ende, no se ha aprovechado la integración de la gestión para impulsar las industrias manufactureras, el turismo y el comercio internacional en un solo Ministerio. Esa cartera debe tener espacio para impulsar el ahorro público y el pago de deuda externa para lograr una tasa de cambio que haga viable la economía sin el efecto de los recursos naturales no renovables. Este lineamiento implicaría un gran esfuerzo en mejorar la calidad del gasto para asegurar al tiempo la financiación de los programas sociales a cargo del Gobierno Nacional. Solo en un ambiente institucional ordenado aumentaría la productividad, lo cual permitiría el fortalecimiento del peso más adelante.

La receta para mejorar la productividad nacional es aumentar la eficiencia de los procesos públicos mediante la articulación formal de equipos a cargo de las tareas claves, con seguimiento metódico. Cada subsector y cada ciudad región tendrá sus retos propios, identificados con métodos apropiados: será necesario priorizar la asignación de los esfuerzos públicos, siempre limitados, con criterio racional: si la diversidad de flora y fauna atrae visitantes con capacidad de consumo, debe haber prudencia para aprobar licencias para la minería, y más si se consideran las limitaciones de la institucionalidad para evaluar impacto, verificar cumplimiento y asegurar sostenibilidad a las comunidades afectadas al terminar la vida económica de cada depósito.

Por otro lado, se requiere autoridad monetaria independiente, sin participación del Gobierno y con autonomía para establecer regulación adecuada al sector financiero en todos los capítulos. También es preciso orientar la inversión pública hacia el largo plazo y evaluarla de manera rigurosa. Hay que articular esfuerzos en ciencia y tecnología con las estrategias de desarrollo de las regiones. Para concluir, incluso el régimen presidencial luce inapropiado para el mundo de hoy, por concentrar excesiva responsabilidad en una sola persona, y debe revisarse. Los legisladores y el presidente a escoger en 2018 deben reconocer las realidades.