Dos enfoques, dos tareas

El gasto desbordado e improductivo ha puesto al fisco nacional en situación precaria. La administración tiene nueva propuesta de reforma tributaria, sin revisar el gasto ni el marco normativo para lo fiscal.

Caben dos modos de revisar el gasto: (1) se puede hacer análisis marginal, que implica revisar los usos de los nuevos recursos y además reducir gastos improductivos, o (2) se puede repensar los procesos del legislador, la justicia y la administración bajo la premisa de que hay acuerdo en la misión de las instituciones plasmadas en la Carta de 1991: construir el Estado Social de Derecho. Algunos expertos prefieren el primero, porque temen que el segundo resulte en algo peor que lo existente. Olvidan que hay métodos comprobados para ajustar cimientos y estructura de sistemas de gestión sin poner en peligro los elementos valiosos en unos y otra: lo público tiene mucho por aprender del capital internacional en esta materia en todo el planeta.

El Estatuto Tributario es un grueso tomo, lleno de preferencias, discriminaciones y complejidades. Induce inversiones desacertadas y usos ineficientes de recursos escasos. Las reglas procesales en la materia son de difícil aplicación porque lo sustantivo es complejo y porque la organización de la Dian hoy no está bien conformada.

Se ha hablado por décadas de hacer una reforma tributaria estructural, pero las que se hacen aumentan la complejidad. Las reglas sustantivas deberían ser muy sencillas: las personas naturales cuyos ingresos justifiquen registro deben pagar tarifa creciente según el monto con un límite razonable, no excesivo; las sociedades comerciales deben tener tarifa única similar a las de otros países; el impuesto al valor agregado debe excluir canasta básica razonable; no deben hacerse excepciones para motivar inversiones. Las transacciones se deben registrar como ocurren; debe haber relación clara de causalidad entre la renta y el gasto; la evasión debe ser penalizada. El estatuto no debe exceder 30 páginas: simplificar las reglas sustantivas vuelve sencillos los procesos.

La revisión integral de las finanzas públicas obliga a discusión sobre cómo organizar el Estado; debe ser parte de un conjunto de normas coherentes para inducir el crecimiento económico, con el objetivo de lograr propósitos sociales. Así, debe reducirse el costo de la formalización laboral y empresarial y suprimir protecciones no arancelarias, e integrar los departamentos en regiones, tarea prevista en la Carta, pero no ejecutada. Sin embargo, lo más importante es rescatar las instituciones, incapaces hoy siquiera de hacer efectivo el monopolio de la fuerza.

Para evitar fracturas sociales por cuenta de la reforma del Estado se necesitará ofrecer espacio en proyectos útiles sin reubicación geográfica a trabajadores oficiales cuyo concurso no se requiera en su puesto actual como consecuencia del rediseño de procesos y estructura. La reforma tributaria necesitará tiempo porque las finanzas deben atender las necesidades de una institucionalidad diferente, eficaz.

A través del Estado se canaliza casi un tercio del producto interno bruto. El desempeño de lo público debe mejorar para lograr crecimiento rápido y sostenido, que resultará en más recaudo y, por ende, más recursos para salud y educación, subsidio adecuado para quienes en verdad lo requieran, y oportunidades para todos. Hoy es preciso pensar en grande.